La Fiscalía quiere que el juzgado de Pontevedra investigue unas ayudas europeas a la firma Ence

e. v. p. VIGO / LA VOZ

GALICIA

 La empresa papelera habría tramitado las ayudas con presupuestos ficticios elaborados por el dueño de Eiriña

23 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Vigo ha propuesto a la jueza abrir una pieza separada para que los juzgados de Pontevedra diriman si existe delito en unas subvenciones europeas a Ence. La empresa papelera habría tramitado las ayudas con presupuestos ficticios elaborados por el dueño de Eiriña.

El ministerio público quiere se investigue lo que apuntan los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional sobre las subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). La concesión se habría tramitado, supuestamente, con presupuestos «ficticios o de complacencia» que le facilitó el dueño de la constructora Eiriña, Enrique Alonso Pais, que está imputado en el caso Patos desde el 2014.

El fiscal cree que estos hechos deben investigarse fuera de la causa principal, que afecta a Vigo, y no descarta que sean de naturaleza jurídica distinta. La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, que está redactando su auto para decidir sobre las imputaciones que le ha pedido la Fiscalía, tendría que inhibirse a favor de Pontevedra en el asunto de Ence.

El informe policial refleja que Pais mantenía contacto telefónico con dos empleados de rango medio de Ence, según revelan las grabaciones. En una de las escuchas, Pais se ofrece como mediador para resolver con cargos de la Junta de Andalucía un asunto medioambiental que ha sido bloqueado por un jefe de residuos peligrosos. En otra charla, el 3 de enero del 2014, Pais colabora en lo que puede para presentar una oferta de acompañamiento solicitada por Ence a un precio fijado por encima de los 22 euros para el almacenamiento de cenizas. El trabajo contaría con una subvención o un proyecto de la Xunta. En varias llamadas al constructor se solucionan cuestiones de tramitación para evitar que la Administración autonómica plantee problemas con las ofertas.

Piezas separadas

Las otras siete piezas separadas que el fiscal quiere que se investiguen se refieren a cuatro concellos, a Cespa, la Xunta y el Sergas. Esto puede hacer que el número de imputados aumente de forma considerable.

En Ponteareas, las pesquisas afectan al tratamiento de agua potable, obras en el río Tea subvencionadas por Agader y la justificación de gastos en el centro de día. En Santiago, se centrarían sobre todo en Cespa.

En Pontevedra se investiga la concesión de tres obras por 2 millones a Eiriña, en las que habría defectos de tramitación, y donaciones que hizo al Concello. Otras piezas se refieren a una lista de trabajadores de Cespa en Pontevedra y su supuesto mentor público (lo que supondría tráfico de influencias), un presunto amaño de contrataciones en tres obras de la delegación en Pontevedra de la Consellería de Política Territorial, y un caso similar relacionado con el expediente del Sergas de remodelación de un centro de salud en Vilaboa.