Costas solo regularizó hasta ahora 14 de las 107 aldeas junto al mar que cumplen los requisitos

Pertenecen a los municipios de Muros (núcleos de A Bornale-O Cruceiro, Surribos, A Viña, A Robaleira y Valdexería), Baiona (Rocamar), Nigrán (A Golada y Prado-Patos), Marín (Aguete sur, Loira, Teoira y Casás), Gondomar (Castro) y O Rosal (As Eiras)


santiago / la voz

Muchos fueron los concellos llamados a solventar el problema de sus núcleos tradicionales a través de la reforma de la Ley de Costas, pero pocos son los que están viendo cumplidas esas expectativas. El primer balance de la aplicación de la revisión legal, que abrió la vía para que 80 ayuntamientos pudieran solicitar la reducción de la zona de servidumbre de 100 metros desde la línea de ribera del mar a 20, denota una aplicación restrictiva. Según los datos que la secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, presentó ayer en el Parlamento, tan solo 6 de los 35 concellos que presentaron solicitudes de legalización dentro del plazo de dos años habilitado en la reforma legal, y que ya cuentan con expedientes resueltos, han visto atendidas sus demandas. Esto se traduce en que esa vía únicamente ha permitido dar seguridad jurídica hasta ahora a los propietarios de viviendas en 14 de los 107 núcleos junto al mar que cumplen los requisitos.

Esas 14 aldeas pertenecen a los municipios de Muros (núcleos de A Bornale-O Cruceiro, Surribos, A Viña, A Robaleira y Valdexería), Baiona (Rocamar), Nigrán (A Golada y Prado-Patos), Marín (Aguete sur, Loira, Teoira y Casás), Gondomar (Castro) y O Rosal (As Eiras). Según precisó Rivas, aunque esos 35 ayuntamientos cuyos expedientes ya han sido resueltos por Costas presentaron solicitudes para 176 núcleos, en 69 casos «o propio concello solicitante recoñeceu que non concorrían as circunstancias determinantes da aplicación do réxime transitorio ou non atenderon os requerimentos efectuados ao respecto». Es decir, esos 69 ámbitos no fueron considerados porque no cumplían las exigencias. En 22, renunciaron los concellos. Y en otros 35, no aportaron la justificación documental requerida.

En todo caso, la vía legal sigue abierta. Por una parte, Costas tiene pendiente de resolver los expedientes de otros 11 municipios gallegos (Arteixo, Neda, Valdoviño, Barreiros, O Vicedo, Viveiro, A Guarda, Cangas, Oia, Poio y Redondela). Y de los 35 concellos cuyas solicitudes ya cuentan con la resolución correspondiente, 8 han presentado alegaciones a los informes del Ministerio de Medio Ambiente (Ares, Boiro, A Illa, O Grove, Sanxenxo, Vilaboa, Vilanova de Arousa y Poio, que alegó ante el rechazo para ampliar el casco urbano de Raxó y espera la resolución para regularizar tres núcleos).

La responsable autonómica de Urbanismo destacó, además, que varios ayuntamientos esperaron a mayo pasado para tramitar sus solicitudes, justo cuando se cumplía el plazo legal de dos años. Como Costas tiene 18 meses para pronunciarse sobre esos expedientes, el resultado no se conocerá hasta finales del 2016.

La Xunta insiste en apremiar a los concellos a dotarse de PXOM para agilizar el proceso

El Ejecutivo de Feijoo incidió ayer en que la reforma de la Ley de Costas es «unha oportunidade única» para los ayuntamientos. Además de abundar en su disposición a seguir colaborando para intentar que el mayor número de concellos pueda regularizar sus núcleos, la Xunta insiste en apremiar a los que no tienen PXOM a que lo tramiten para agilizar el proceso. El socialista Xosé Sánchez Bugallo demandó más implicación a la Xunta. Comparó el magro balance de la reforma con los cálculos del Ejecutivo en el 2013, cuando estimó en 12.500 las viviendas que podrían beneficiarse en más de 800 núcleos.

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