La policía intervino teléfonos y discos duros de 6 políticos y 10 funcionarios
GALICIA
La jueza dará a conocer la próxima semana la lista de nuevos imputados
19 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Durante los registros de la operación Patos en distintos organismos públicos, la policía intervino los teléfonos móviles y discos duros de seis cargos políticos y diez funcionarios, según consta en el sumario. Los agentes de la UDEF efectuaron una primera tanda de registros el 18 de febrero del 2014 para buscar expedientes de obras y adjudicaciones sospechosas en despachos.
Entre los políticos y funcionarios a los que se les requisó su móvil están la concejala de Facenda de Ponteareas, Belén Villar González, y el edil de obras de Nigrán, José María Álvarez Valverde. De la Diputación de Pontevedra figuran el exvicepresidente, José Manuel Figueroa (en el informe le llaman José María), su jefe de infraestructuras, Manuel Juanatei, y Julio Manuel Vázquez Martín y Luis Serantes. En Vigo, los agentes registraron los despachos del concejal de Parques y Jardines, Ángel Rivas, el edil de Fomento, David Regades, el técnico Gilberto Moldes y el jefe de área de Fomento, Álvaro Crespo.
En la Xunta, los agentes se llevaron documentación de la delegada en Vigo María José Bravo Bosch, del jefe de su gabinete, Francisco Javier Carballeda, Alfonso Fernández Comesaña, María Ana Gómez Carrera, y el gerente del Consorcio del Casco Vello, Alfonso Ramos.
En Santiago, el informe policial hace referencia a un presunto registro del despacho de «la concejala Marta Tomba» (ninguna edila compostelana responde a ese nombre, por lo que se trataría de un error) y señala que se intervino el disco duro del jefe de sección de Parques y Jardines, José Antonio Mosquera.
El funcionario vigués Moldes entregó a la policía su Blackberry y la contraseña de su ordenador. Los agentes se llevaron sus correos y el disco duro. Álvaro Crespo dio su iPhone 5, un ordenador portátil ajeno y expedientes sobre las obras realizadas y adjudicadas en favor de Eiriña en el estadio de Balaídos y otras carpetas. Al concejal Ángel Rivas le requisaron su iPhone, volcaron sus correos, le incautaron el portátil y papeles de Cespa y de Parvac-Málaga. Regades estaba en Madrid pero la policía le pidió la clave de su computadora por teléfono. Entregó expedientes de adjudicación a Idmaco, dos remodelaciones y 12 obras. Regades está considerado el «conseguidor» que gestionaba contratos, favores y licencias.
Por el momento, el único político imputado es el concejal de Nigrán, José Álvarez Valverde. Los otros 4 investigados son el gerente de Eiriña y supuesto cerebro de la trama Enrique Alonso Pais, el director de Eiriña, Jaime Manuel Alvariñas Villanueva, el responsable de Cespa en Galicia, Alfonso Clemente González, y el técnico de esta compañía Juan Ramón Alonso García.
La jueza dará a conocer la nueva lista de imputados la próxima semana. En julio, la policía pidió hacer otras 20 inspecciones en los concellos de Vigo, Soutomaior y Pontevedra, Sergas, Xunta, Diputación de Pontevedra, entidad de Bembrive, IGVS, Tragsa y Autoridad Portuaria de Vigo.
Enchufes, invitaciones, votos, retirada de multas...
El informe de la Unidad de Delitos Financieros y Fiscales (UDEF) concluye que los registros informáticos practicados en el 2014 en el Concello de Vigo hacen aflorar «una continua cadena de favores que mantienen los concejales David Regades y Ángel Rivas con distintas personas». La policía atribuye a los ediles de Obras y Jardines del PSOE todo tipo de actuaciones: «Desde la solicitud de colocación de personas en empresas públicas como Tragsa, la invitación a congresos a gastos pagos, contratación de personas en el Concello de Vigo, obtención de votos en Perú en la campaña electoral del 2011, retiradas ilícitas de multas, agilizar trámites de expedientes de obras así como concesión de licencias y la contratación de servicios de hoteles y comidas». Además, aparecen «obras ya realizadas pero sin haberse contratado legalmente con anterioridad a la ejecución de las mismas».
En el informe de la Patos se apunta que «es significativa la gran cantidad de peticiones de entradas para diversos eventos, conciertos o partidos de fútbol, actuando el concejal David Regades como auténtico conseguidor y distribuidor de las mismas».
Por su parte, Rivas habría realizado peticiones de trabajos extra en obras a la adjudicataria Eiriña que debería haber llevado a cabo con otro presupuesto.
El jefe de Eiriña, Pais, se jacta en las escuchas de su hilo directo con políticos: «Estiven cos jerifaltes, non cos peóns». Eso daba sus frutos, según la policía, a la hora de pactar obras extra o colocar a obreros.
La delegada de la Xunta en Vigo niega tener trato de favor para dar obras a Eiriña
En las escuchas, la policía graba al principal imputado, el constructor Enrique Alonso Pais, cuando se jacta de sus influencia sobre la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, lo que ella negó ayer. El informe de la UDEF grabó una conversación en la que Pais presume: «Ahora mismo estoy en la delegación en la Xunta aquí en Vigo que hay algunas cosillas por ahí entonces que van cayendo. Con la dele... con la delegada [Bravo Bosch] aquí tengo muy buen rollo ¿sabes? Que la conozco desde hace 20 años, hicimos ya muchas cosas juntos y tenemos muy buena relación». En la cinta, el jefe de gabinete de Bravo se refiere a Pais como «el enchufado de la delegación».
Bravo Bosch aseguró ayer que la empresa investigada Eiriña S.L. no obtuvo «ni un solo contrato, ni un euro, nada» del Casco Vello y «muy poquitos» de la delegación de la Xunta. Aclaró que ella no forma parte de la mesa de contratación y que Pais es una «persona del partido» al que conoce desde hace 10 años y que, en el 2013, él no estaba imputado.
La Marea será acusación
Por su parte, A Marea de Vigo anunció ayer que planea presentarse como acusación particular contra la trama de tráfico de influencias y diversas irregularidades en contrataciones de diversas administraciones públicas. El partido que dirige Rubén Pérez dijo que recurre a esta vía ante la imposibilidad de acceder a los expedientes investigados y para conocer los procedimientos de contratación en el Concello. El grupo no participará en ninguna mesa de contratación hasta que se aclaren estos procesos y pide auditar a Cespa.