Privatizando lo público


Es frecuente escuchar en muchos debates televisivos a quienes se despachan a gusto sosteniendo que el mejor euro es el que se queda en el bolsillo de los ciudadanos (en vez de ser recaudado por el sector público), que cuantas más cosas resuelvan los precios y los mercados privados mejor. Con frecuencia son las mismas personas que hacen la vista gorda si de lo que se trata es de pillar una buena tajada en una concesión pública o de hacerlo con prácticas corruptas. Porque se supone que en estos casos los euros públicos retornan felizmente a sus bolsillos.

Sin embargo, hay muchas cosas que hacen necesaria la recaudación y para las que los mercados deben ser muy regulados. Aún si nos limitamos al ámbito municipal la lista sería tan larga que bastará con poner algunos ejemplos.

Los servicios de policía se han de financiar vía impuestos y mantenerse fuera del mercado. Eso se llama provisión pública y producción pública. Claro que podrían privatizarse, pero sufriría la equidad: mientras ahora todos tenemos el mismo acceso al servicio (y lo pagamos en función de nuestra riqueza) pasaría a no ser así. Hoy incluso podría decirse que la mejor señal de que el servicio es bueno es el no tener que hacer uso directo del mismo. Sobre todo para los que más tienen.

En otros casos la provisión es pública pero la producción se decide que sea privada. La recogida de basuras, saneamientos, suministro de agua? son ejemplos de asuntos que se resuelven mejor de forma colectiva. Cosas que pagamos con impuestos o tasas. La provisión es pública, no hay aquí un precio. Eso permite que los costes se distribuyan entre todos los usuarios de forma no directa con el uso que se haga y, siendo una concesión a una sola empresa, que estos sean muy reducidos. Por eso en la concesión debe cuidarse muy mucho que el acceso al servicio sea universal y de calidad, también que se haga a la oferta menos costosa.

Por último estarían aquellos casos (el transporte público por ejemplo) en que la provisión es privada (el servicio se paga con un precio en cada uso) y la producción se concede en régimen de monopolio a una empresa privada. Se considera que aquí el usuario tiene otras opciones, aunque la concesión debe garantizar que el servicio no penaliza a determinados usuarios (por su lugar de residencia o por su edad). Sirve aquí la misma precaución y cuidado que en el caso anterior.

Existen otros ejemplos posibles de esos servicios, desde la gestión de un museo hasta el de una biblioteca, una piscina a la red de alumbrado público. Y que pueden encajarse en uno de los tres grupos anteriores. En todos los casos el precio y la empresa privada no podrán definir todas las condiciones del servicio a riesgo de que deje de ser público.

Los gobiernos locales debieran tomar decisiones urbanísticas que eviten los sobrecostes de la dispersión o de la congestión, mancomunar servicios para gestionarlos mejor o primar a concesionarios locales que generen empleo digno.

Por Albino Prada Profesor de Economía

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