La jueza Pilar de Lara ha tomado esta decisión para evitar posibles conflictos de competencias que puedan anular la investigación
05 ago 2015 . Actualizado a las 07:31 h.La jueza Pilar de Lara dictó un auto, con fecha del pasado 30 de julio, por el que notifica a las partes personadas en la operación Pokémon su decisión de inhibirse en la parte de la investigación que afecta a las adjudicaciones a la empresa Aquagest. La dispersión de las investigaciones, que afectan a municipios de Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña y, en las últimas semanas, Baleares, es una de las razones para centralizar el caso en otro juzgado.
En el auto, de 53 páginas, la jueza relata todos los indicios recabados a lo largo de los más de 80.000 folios en los que está reunida la investigación. La jueza decide remitir todas las diligencias al Juzgado Central de Instrucción para su reparto al turno correspondiente para evitar posibles conflictos de competencias que puedan anular la investigación. No obstante, la instructora se reserva el derecho a seguir practicando diligencias mientras el caso no sea repartido.
La decisión de separar la pieza -identificada como número 4 dentro del sumario de la Pokémon, según el auto de la jueza- pretende esclarecer «presuntas adjudicaciones ilícitas de contratos y servicios a Aquagest, concertación con otras empresas y funcionarios públicos para la consecución de contratos y la obtención de información privilegiada, todo ello a cambio de dinero, regalos y viajes a funcionarios públicos y cargos electivos, así como a cambio de la realización de distintos favores, que serían constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, uso de información privilegiada, revelación de información privilegiada, cohecho y prevaricación», según reza en el escrito.
En el listado de imputados en las distintas diligencias figuran, entre otros, los exconcejales de Santiago, Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas, Adrián Varela, Bernardino Rama y Albino Vázquez, además de representantes de la empresa investigada.
Los contratos bajo sospecha afectan a los municipios gallegos de Arzúa, Oroso, Ortigueira, Punxín, Santiago, Valdoviño, Cedeira, Bergondo, Pontecaldelas, Ourense, Chantada y Ribadeo, según consta en el relato judicial.