Anuló su comparecencia y la de Orozco de hoy porque aún no le llegaron datos bancarios ni de Hacienda de ambos. Citará antes a un abogado
31 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La jueza de la Operación Pokémon decidió ayer paralizar la declaración prevista para hoy del secretario xeral de los socialistas gallegos, Xosé Ramón Gómez Besteiro, y del exalcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, en relación a la polémica promoción urbanística de Lugo conocida como O Garañón y que fue denunciada por los propios vecinos del parque Rosalía de Castro. El motivo que aduce la jueza es que al parecer aún no le han llegado los datos bancarios y de Hacienda de ambos, que fueron solicitados el pasado 3 de julio. El abogado de Besteiro, Cándido Conde-Pumpido, dijo ayer que el aplazamiento de la declaración perjudica a su cliente porque prolonga innecesariamente su situación de imputación.
«No tiene mucho sentido tener que tomarle declaración a otro imputado, un abogado personado en la causa, antes que a Besteiro, que estaba deseando comparecer para aportar documentación y dar todas las explicaciones necesarias, ya que cree que todo quedará aclarado cuando presente la documentación», dijo Conde-Pumpido. También reconoció que habló con Besteiro y que con este aplazamiento se encuentra «desanimado» porque su imputación le perjudica en su imagen personal y política.
El letrado recordó que le han presentado un recurso que la jueza aún no ha tramitado, en el cual ponen de manifiesto casi una decena de irregularidades que a su juicio anulan por completo la investigación por la que ha sido imputado Besteiro.
Si el abogado que la jueza decidió imputar ayer fue citado para el 16 de septiembre, es probable que Besteiro acabe declarando en octubre o incluso más tarde.
Situación de «indefensión»
Por su parte el presidente de los socialistas gallegos dijo ayer que «parece inxustificable que o propio xulgado recoñeza non dispor aínda dos datos patrimoniais e bancarios que precisa, nin saber como é o proceso de redacción e aprobación dun convenio urbanístico, despois das gravísimas imputacións realizadas contra a miña persoa». Besteiro también señaló que «ante esta suspensión e, por outra banda, a falta de resolución do recurso de 50 páxinas presentado pola miña defensa, no que se poñían de manifesto máis dunha decena de nulidades relacionadas coa falta de competencia, entre outras, alóngase unha situación de indefensión inadmisible que xa dura demasiado».
Otros declararon sin datos
En cuanto a la documentación bancaria que la jueza alega que no recibió, Besteiro dice que «precisamente dita documentación ía ser achegada por min na declaración, xa que xustifica a procedencia de ata o último euro das cantidades abonadas tanto pola compra do noso piso como pola obra de reforma realizada», Y añadió: «Cabe sinalar que esta mesma semana, si se practicaron outras declaracións de imputados sen que dita documentación constase no xulgado», dando a entender que a él se le aplica el retraso de manera innecesaria.
Besteiro pretendía comparecer hoy para presentar toda la documentación e intentar que la jueza lo desimputara. Si no lo hace, le queda la opción de anular todo el proceso por las irregularidades procesales que sus abogados observaron en el trabajo de la jueza De Lara. Pero antes de que ese recurso llegue a la Audiencia y pudiese tumbar la investigación, tiene que fallarlo la jueza. Y no lo ha hecho todavía.
Besteiro dice que pretendía aportar la documentación solicitada el día de su declaración
El Ayuntamiento aprobó ayer crear una comisión para estudiar el coste de derribar las torres
Precisamente ayer se celebró una sesión plenaria de la corporación del Ayuntamiento de Lugo en la que se acordó crear una comisión para estudiar el coste de un posible derribo de las torres de O Garañón sin que le cueste una fortuna a los lucenses. El promotor presentó una demanda en su día pidiendo 25 millones de euros por las pérdidas causadas al serle paralizada la obra cuando tenía licencia municipal.
La propuesta partió del PP y la sacó adelante por 10 votos a pesar de la oposición del PSOE (8 votos) y porque se abstuvieron Lugonovo (tres ediles), Ciudadanos (dos) y el Bloque (dos).
La jueza imputó al abogado del constructor de O Garañón por decir que había hecho las gestiones
La jueza imputó a Besteiro, Orozco, el constructor y dos técnicos municipales por considerar que para la construcción de las polémicas torres de O Garañón, ubicadas en las cuestas del Parque Rosalía y con vistas al Miño, se cometieron diversas irregularidades. La jueza quiere examinar el patrimonio de ambos porque cree que la compra del piso familiar de Besteiro, de segunda mano, y su posterior reforma, -así como dos plazas de garaje del exalcalde Orozco- no fueron pagados conforme al precio de mercado a cambio de permitir la construcción de las torres en ese lugar.
De Lara citó a declarar el pasado martes al constructor para preguntarle los detalles del convenio firmado con el Concello de Lugo el 31 de diciembre del 2005 que le permitió obtener licencia para construir las torres en dicho lugar. El empresario, el ourensano Ricardo Iglesias, gerente de la promotora Ribe S.L, declaró que él no se ocupaba de firmar convenios, ya que eso era un trabajo de su abogado. Ante esta declaración, la jueza decidió imputar al letrado, Javier Calvo Sande, citándolo a declarar el 21 de septiembre, tal y como lo comunicó ayer en la misma providencia anulando de paso, y sin fecha, la declaración de Besteiro y Orozco.
La jueza pretende que el abogado declare antes para saber quien redactó el convenio que permitió construir las dos torres, ya que el jefe de Urbanismo del Concello José María González -que también compareció el martes- dijo que él no había sido el redactor de dicho convenio. Al mismo tiempo, la jueza le pidió al promotor el listado de los clientes a los que había vendido pisos antes de que ella paralizarse las obras para darles la oportunidad a quienes no recuperaron el dinero de personarse como perjudicados por el promotor.
En cuanto al polémico convenio que la jueza quiere diseccionar, se firmó el 31 de diciembre del 2005 entre el alcalde y Ricardo Iglesias para poner fin a una larga espera del constructor por la licencia de obra. El Ayuntamiento se retrasó porque consideraba excesiva la concesión de seis torres en ese lugar con la antigua norma, aprobada por el PP en 1990. Con la firma del convenio el último día antes de la entrada en vigor de la nueva Lei do Solo, se autorizaron solo cuatro torres. Y finalmente solo se levantaron dos, al ser paralizada la obra por la jueza.
Los convenios los debe proponer por ley el promotor y si el Ayuntamiento lo acepta y los servicios técnicos dan el visto bueno, los firma el alcalde.