El promotor del polémico Garañón dice a la jueza que no oculta nada

El jefe de Urbanismo declaró que desconocía quién firmó el convenio que autorizó la construcción por la que imputaron a Besteiro y Orozco


lugo / la voz

«Yo no tengo absolutamente nada que esconder». Así se pronunció ayer Ricardo Iglesias Paredes, el promotor de las polémicas obras del edificio de O Garañón, en Lugo, que supusieron la imputación, entre otras personas, del secretario de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro y el exalcalde lucense, José López Orozco. Paredes declaró durante más de una hora como imputado ante la jueza De Lara, que es la que se encarga de la investigación de este polémico caso urbanístico en Lugo.

El promotor de las torres de O Garañón le explicó a la jueza que no fue él quien se ocupó de los trámites previos para poder edificar en la parcela sino que se ocuparon sus abogados. Reconoció que firmó el convenio con el Ayuntamiento de Lugo porque sus asesores le presentaron el documento.

Contó que compró los terrenos después de las indicaciones de una inmobiliaria y luego inició las obras que actualmente se encuentran paradas como consecuencia de una orden judicial. Su abogado, Jesús Calvo, advirtió: «No hubo ninguna cuestión más allá que la gestión de un terreno que estaba en el plan general del año 90 con una determinada edificabilidad, pero luego el Ayuntamiento planteó rebajar una parte y promocionar el resto de la construcción». Así, de las seis torres previstas, el promotor pasó a contemplar únicamente cuatro. Solo están levantadas dos, pero actualmente están abandonadas.

El abogado de Ricardo Iglesias Paredes recordó que este se encuentra «muy afectado» como consecuencia de los daños económicos que le supone la paralización de la obra tras una inversión de veinte millones de euros. «Es una situación muy dramática para él porque estamos hablando de cinco años de paralización por el juzgado y se le ha hundido una promoción económica muy importante en la que ha invertido mucho y ahora mismo no le ve salida», dijo.

La jueza también llamó a declarar como imputado al jefe del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Lugo, José María González Rodríguez. Este, según señalaron fuentes letradas, dijo que no sabía quién elaboró el convenio para construir en el solar de O Garañón y expresó que él lo había informado favorablemente porque consideró que el documento que le entregaron estaba ajustado a derecho.

También ayer declaró como imputada Covadonga Honrado Honrado, del departamento de licencias del Concello de Lugo. El arquitecto municipal, Santiago Puentes, fue otro de los citados.

Mientras tanto, el abogado que defiende a José Ramón Gómez Besteiro, Cándido Conde-Pumpido, dijo ayer que esperaba que la jueza resolviera de forma inmediata el recurso que presentó y en el cual plantea anular toda la instrucción. Recordó que esperaba que tomara la decisión antes de la declaración del secretario de los socialistas gallegos prevista para el viernes. También ese día declarará como imputado el exalcalde lucense, López Orozco. A Besteiro le atribuyen hasta cuatro delitos y a Orozco, tres en relación con esta polémica construcción.

Cuando arrancó el polémico edificio, Besteiro era concejal de Urbanismo en Lugo y unos meses antes supuestamente compró un piso al dueño del terreno que luego reformó sin supuestamente pagar todas las tasas al Concello. Orozco, por su parte, adquirió dos plazas de garaje al propietario inicial de los terrenos.

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