Entre los cambios que el panorama judicial experimentó en los últimos meses el que más afectó a los notarios es también uno de los más recientes, la publicación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, un proyecto que «se esperaba desde el año 2001 y cuya tramitación, por unas cosas o por otras, se demoró mucho», recuerda la decana del Colegio Notarial de Galicia. La norma entró en vigo este mes y su aspecto más llamativo es el que permitirá que los matrimonios y los divorcios sean tramitados ante notario, una medida con la que, entre otras cosas, se pretende ayudar a descolapsar los juzgados.
En el caso de las bodas, por el momento los notarios solo podrán celebrarlas, pero la tramitación, hasta el 2017, sigue estando en manos de los registros civiles. Esta es, dice Isabel Louro, la cuestión que más afecta a los notarios entre las transformaciones de los últimos meses. De lo demás, «hay normas que no nos afectan mucho», afirma.
Otro de los cambios de rumbo que el ministro Catalá ha decidido tomar ha sido la paralización de la ley de los registros públicos, pero -recuerda Louro- «estaba en fase de trámite». Este proyecto incluía, entre otras cosas, la encomienda del registro civil a los registradores de la propiedad. Ahora «se ha aplazado su entrada en vigor hasta el 2017 y no se sabe como va a ir por la contestación que tuvo».