La decisión se enmarca dentro del programa de Realoxo de afectados por execucións hipotecarias
13 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La comisión provincial de Vivenda de Pontevedra se reunió hace algunos días y propuso la adjudicación de cinco viviendas cedidas por la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). La decisión se enmarca dentro del programa de Realoxo de afectados por execucións hipotecarias que puso en marcha el Instituto Galego de Vivenda e Solo.
Esa última propuesta corresponde a cuatro viviendas en Vigo y una en O Porriño. Estos cinco inmuebles se suman a otras dos adjudicaciones que realizó, en este caso, la comisión provincial de Vivenda de A Coruña, una de ellas en Culleredo y otra en Ferrol. En total, por tanto, son siete los pisos que han sido ya adjudicados entre los cedidos por el llamado banco malo. Los adjudicatarios de estos bienes son personas afectadas por ejecuciones hipotecarias o desahuciadas por impago del alquiler.
La intención es que estas siete se conviertan en pocos días en nueve, puesto que la comisión de Vivenda de Pontevedra estudiará en su reunión de esta semana otras dos posibles adjudicaciones de viviendas cedidas por la Sareb en la provincia.
Este proceso se remonta al 17 de marzo, cuando la Xunta y la Sareb firmaron un convenio por el que el Instituto Galego de Vivenda e Solo gestionará, en una primera fase, 50 viviendas cedidas por la sociedad estatal que serán adjudicadas en condiciones semejantes a las que se emplean con las viviendas de promoción pública propiedad del IGVS. Los pisos se entregan en régimen de alquiler y a cambio de una renta mensual que en ningún caso puede superar el 30 % de los ingresos de la unidad familiar.
Además de pagar un alquiler social, los adjudicatarios se harán cargo de los consumos que originen, pero no los gastos de comunidad ni las tasas e impuestos de la vivienda, de los que se hará cargo la Sareb, que también abonará los gastos extraordinarios de mantenimiento o reparación. Mientras, el IGVS se hará cargo de los gastos de la obtención del certificado de eficiencia energética y de la gestión y administración de los alquileres. El convenio tiene una vigencia de cuatro años.