García de Paredes dice que solo firmó su contrato cuando lo vio el regulador

El número dos de la caja defiende ante el juez que no participó en la redacción


madrid / la voz

El juez Alfonso Guevara volvió a hacerse valer en la segunda sesión, tensa, del juicio en la Audiencia Nacional por el caso de las indemnizaciones millonarias en las cajas gallegas. Fue el turno del número dos de la caja, Javier García de Paredes, y de Julio Fernández Gayoso, copresidente. En este proceso se reclama a cuatro directivos la devolución de 18,9 millones de euros correspondientes a las indemnizaciones y prejubilaciones de la cúpula de la entidad. El Ministerio Fiscal les pide además tres años de prisión y la inhabilitación durante tres años para el ejercicio profesional. Acusa a José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y a Gregorio Gorriarán de apropiación indebida, administración desleal y alternativamente delito de estafa, mientras que cree que Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas fueron cooperadores necesarios.

En contra de lo que ocurrió en la primera jornada, no fue la fiscala Pilar Melero la que interrogó a García de Paredes, sino que tomó la palabra Concepción Nicolás. El ejecutivo fue directo y vehemente. Explicó que entró en la entidad (entonces Caixa Galicia) en 1999, su primer contrato de alta dirección fue como director general adjunto ejecutivo -en diciembre del 2010- y en ese momento el salario ascendió a 425.000 euros. Era «el segundo sueldo, que yo pedí que fuera mil euros por encima del tercero» en el escalafón.

A la fiscala le explicó que la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova ese 2010 se llevó a cabo con la bendición del Banco de España y Bruselas e informes de PwC y Deloitte. Porque el Ministerio Fiscal intentaba probar que las entidades no eran viables y que la fusión se había hecho a la fuerza, situación que los acusados ignoraron en el cobro de sus indemnizaciones.

Pero el ex directivo negó la mayor: la fusión se produjo al amparo de un real decreto que solo se aplica a las entidades viables con el visto bueno del Banco de España y Bruselas.

La fiscala Nicolás comenzó entonces a preguntarle a García de Paredes por un informe que realizó la Agencia Tributaria y que fue encargado por la Fiscalía. El juez la cortó de inmediato: «Está transformando la declaración en una prueba pericial. ¿Cómo va a rebatir el acusado un informe pericial, encargado por el Ministerio Fiscal en años posteriores. Le importa un bledo. Es como si al tribunal le preguntan si le parece bien la intervención de la fiscal».

Su contrato, bajo los focos

La siguiente batería de preguntas se centró en el contrato. García de Paredes explicó que aceptó la oferta que le realizó José Luis Pego, en ese momento director general. No lo negoció ni participó en su confección. Fueron los servicios jurídicos internos de la compañía los que redactaron el documento definitivo, que tuvo un borrador previo elaborado por el despacho del asesor externo Ricardo Pradas (también imputado en este caso).

Las fiscalas reclamaron saber por qué si el contrato se firmó el 30 de diciembre, un correo de Pradas con fecha del 21 de enero contiene el contrato definitivo. La pregunta se contestó por sí sola: era el mismo contrato que le llegó (aunque no tenía que serle enviado) días después. García de Paredes subrayó entonces que él no tenía nada que ver con un correo que ni había enviado y del que no era el destinatario.

El tono fue subiendo. El acusado explicó que ratificó el contrato que le ofrecieron tras confirmar que tenía el visto bueno de la comisión de retribuciones y del Banco de España y que cumplía las recomendaciones comunitarias. Apuntó que el contrato estuvo a disposición de todos los consejeros, y el único que lo pidió fue «el señor Regueiro, consejero en representación del área de personal. Pego le explicó su contenido y yo le entregué en mano una copia, que me devolvió en el momento sin leerlo».

«¡Exteriorice su estrés!»

Fue en ese momento cuando el juez conminó al imputado a liberar tensión: «Exteriorice el estrés». García de Paredes se disculpó con un «perdóneme, señoría. Quizá soy demasiado vehemente». A lo que el magistrado respondió: «Yo no he dicho eso. Defiéndase, que se está jugando tres años y su fama».

El análisis del contrato y sus efectos en la cuenta de resultados de la entidad no quedaron ahí. Dijo el exdirectivo que se tuvieron en cuenta informes -algunos emitidos por el Banco de España- para valorar que el contrato no incumplía las recomendaciones de buen gobierno de Bruselas. Primero porque ni era consejero de la compañía; ni la compañía era una empresa cotizada; y segundo, porque la directiva nunca se traspuso al ordenamiento español.

Asegura que no pudo devolver el dinero porque lo vetaron Fiscalía y Banco de España

Javier García de Paredes aseguró que jamás quiso abandonar la entidad. Tras la nacionalización de la caja y constitución del banco (septiembre del 2011), mantuvo un encuentro con el nuevo presidente, José María Castellano, quien le aseguró que contaba con él y que orgánicamente solo dependería de presidencia. Después recibió una llamada del consejero delegado, César González-Bueno, con el que mantuvo un encuentro en su despacho y, tras solicitarle información, le mandó trabajo para una próxima reunión. La relación que se evidenció fue de jefe-subordinado, pero García de Paredes quería que Castellano se la clarificase. Trató el asunto con el presidente y ambos acordaron su salida. Se produjo el 19 de septiembre del 2011, con la firma de la liquidación.

Entonces le propusieron desde el banco capitalizar la prejubilación. Él aceptó. Ayer les explicó a las fiscalas que esa medida beneficiaba a la institución porque le evitaba el pago de la póliza del seguro. «Su compañera -dirigiéndose García de Paredes a la otra fiscala- me dijo que con la capitalización yo me aseguraba el cobro si la entidad quebraba. Pero no. Creo que el banco me lo pide porque se ahorra la póliza».

Renuncias frustradas

El acusado relató las dos renuncias de derechos económicos que había hecho desde la realización del contrato. La primera fue en la firma, cuando se planteó que el nuevo porcentaje de cobertura de su pensión tendría que pasar del 35 al 100 %, por lo que el banco debería cubrir esa variación que estaba relacionada con prestaciones pasadas. Ascendía a 3,6 millones. García de Paredes no aceptó y renunció a dicha aportación, con lo que su prestación por jubilación sería del 64 %. También pidió que en su complemento de prejubilación se aplicase el porcentaje salarial medio que se había manejado en el proceso de prejubilación del resto de trabajadores. Renunció al 5 % de la prestación.

La segunda renuncia tuvo lugar cuando, tras su salida, González-Bueno le pidió un nuevo pacto. Esta vez fue de 4 millones. No se hizo efectivo por oposición de la Fiscalía y el Banco de España al iniciarse el proceso judicial.

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