García de Paredes dice que solo firmó su contrato cuando lo vio el regulador

sofía vázquez, ana balseiro MADRID / LA VOZ

GALICIA

benito ordoñez

El número dos de la caja defiende ante el juez que no participó en la redacción

10 jun 2015 . Actualizado a las 09:12 h.

El juez Alfonso Guevara volvió a hacerse valer en la segunda sesión, tensa, del juicio en la Audiencia Nacional por el caso de las indemnizaciones millonarias en las cajas gallegas. Fue el turno del número dos de la caja, Javier García de Paredes, y de Julio Fernández Gayoso, copresidente. En este proceso se reclama a cuatro directivos la devolución de 18,9 millones de euros correspondientes a las indemnizaciones y prejubilaciones de la cúpula de la entidad. El Ministerio Fiscal les pide además tres años de prisión y la inhabilitación durante tres años para el ejercicio profesional. Acusa a José Luis Pego, Javier García de Paredes, Óscar Rodríguez Estrada y a Gregorio Gorriarán de apropiación indebida, administración desleal y alternativamente delito de estafa, mientras que cree que Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas fueron cooperadores necesarios.

En contra de lo que ocurrió en la primera jornada, no fue la fiscala Pilar Melero la que interrogó a García de Paredes, sino que tomó la palabra Concepción Nicolás. El ejecutivo fue directo y vehemente. Explicó que entró en la entidad (entonces Caixa Galicia) en 1999, su primer contrato de alta dirección fue como director general adjunto ejecutivo -en diciembre del 2010- y en ese momento el salario ascendió a 425.000 euros. Era «el segundo sueldo, que yo pedí que fuera mil euros por encima del tercero» en el escalafón.

A la fiscala le explicó que la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova ese 2010 se llevó a cabo con la bendición del Banco de España y Bruselas e informes de PwC y Deloitte. Porque el Ministerio Fiscal intentaba probar que las entidades no eran viables y que la fusión se había hecho a la fuerza, situación que los acusados ignoraron en el cobro de sus indemnizaciones.

Pero el ex directivo negó la mayor: la fusión se produjo al amparo de un real decreto que solo se aplica a las entidades viables con el visto bueno del Banco de España y Bruselas.

La fiscala Nicolás comenzó entonces a preguntarle a García de Paredes por un informe que realizó la Agencia Tributaria y que fue encargado por la Fiscalía. El juez la cortó de inmediato: «Está transformando la declaración en una prueba pericial. ¿Cómo va a rebatir el acusado un informe pericial, encargado por el Ministerio Fiscal en años posteriores. Le importa un bledo. Es como si al tribunal le preguntan si le parece bien la intervención de la fiscal».

Su contrato, bajo los focos

La siguiente batería de preguntas se centró en el contrato. García de Paredes explicó que aceptó la oferta que le realizó José Luis Pego, en ese momento director general. No lo negoció ni participó en su confección. Fueron los servicios jurídicos internos de la compañía los que redactaron el documento definitivo, que tuvo un borrador previo elaborado por el despacho del asesor externo Ricardo Pradas (también imputado en este caso).

Las fiscalas reclamaron saber por qué si el contrato se firmó el 30 de diciembre, un correo de Pradas con fecha del 21 de enero contiene el contrato definitivo. La pregunta se contestó por sí sola: era el mismo contrato que le llegó (aunque no tenía que serle enviado) días después. García de Paredes subrayó entonces que él no tenía nada que ver con un correo que ni había enviado y del que no era el destinatario.

El tono fue subiendo. El acusado explicó que ratificó el contrato que le ofrecieron tras confirmar que tenía el visto bueno de la comisión de retribuciones y del Banco de España y que cumplía las recomendaciones comunitarias. Apuntó que el contrato estuvo a disposición de todos los consejeros, y el único que lo pidió fue «el señor Regueiro, consejero en representación del área de personal. Pego le explicó su contenido y yo le entregué en mano una copia, que me devolvió en el momento sin leerlo».