Ventura Sierra está citado hoy a declarar en un caso por irregularidades en las contrataciones llevadas a cabo en el Concello
03 jun 2015 . Actualizado a las 19:39 h.El alcalde del municipio ourensano de Vilariño de Conso, Ventura Sierra (PP), está citado hoy a declarar en el juzgado de A Pobra de Trives como imputado en un caso por irregularidades en las contrataciones llevadas a cabo en el Concello durante el año pasado y el anterior.
El caso se abrió a raíz de una denuncia presentada por los dos partidos de la oposición -los independientes de Aivic y el PSOE, que concurrieron juntos a las elecciones del 24 de mayo- ante la fiscalía de Ourense hace alrededor de un año. En la documentación aparecían los reparos que hacía la secretaria municipal cada vez que había un pago de nóminas, y que el alcalde levantaba para que se efectuasen los ingresos en las cuentas de los trabajadores. Los reparos llegaban al no haber unas bases de contratación que determinasen los criterios que supuestamente aplicaba el Concello para elegir a unos aspirantes frente a otros, para las brigadas de extinción de incendios y el servicio de ayuda a domicilio. Ya en el 2013 los grupos de la oposición habían judicializado una contratación que fue declarada nula por un juez. El año pasado decidieron unirlos todos y llevarlos a la fiscalía. «Queríamos que a fiscalía vira os papeis e que dixera se entendía que había algún tipo de delito», explica Domingo Domínguez, líder de Aivic en el 2011 y uno de los firmantes de la denuncia. Después, los grupos renunciaron a la posibilidad de personarse en el caso. Los independientes incluso llevaron al pleno unas posibles bases de contratación para su aprobación, pero el alcalde usó la mayoría de su gobierno para rechazar la propuesta. «Así que seguimos sen bases de contratación; escolle o alcalde a quen quere», señala Domínguez.
En las últimas semanas han sido citados a prestar declaración como testigos varios de aquellos trabajadores. Hoy le toca el turno al alcalde, en calidad de imputado.
Ventura Sierra, que el día 24 revalidó la mayoría absoluta, declinó hacer valoraciones sobre la citación judicial.