Asegura que ha recurrido la providencia del juzgado de Ourense y recuerda la reciente sentencia que condena al Concello de Catoira a pagar las facturas
24 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La Xunta de Galicia defiende la constitucionalidad de la subida del canon de Sogama. E insiste en ello a pesar de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense se propone elevar al Tribunal Constitucional la disposición adicional de la Lei de Orzamentos del 2014 que permitió incrementar las tarifas que la empresa pública cobraba a los ayuntamientos por la gestión de los residuos. De hecho, la Administración autonómica aseguraba ayer que ha recurrido una providencia dictada por ese juzgado.
Fueron las alegaciones presentadas por el concello ourensano de Piñor, de apenas 1.300 habitantes, las que llevaron al juzgado a pensar en elevar el caso al Constitucional para que este se pronuncie, pues ve indicios de que podría vulnerar la Constitución hasta en ocho artículos. Sin embargo, la Xunta alega que el escrito del juzgado ourensano no entra a analizar el fondo del asunto ni se pronuncia sobre las cantidades que el Concello de Piñor adeuda a Sogama.
La sociedad pública pone el acento en la reciente sentencia que condenaba al Ayuntamiento de Catoira a pagar a Sogama las facturas pendientes de cobro, que ascendían a 19.748,48 euros. Un fallo judicial, recalca, contra el que no cabe recurso y que «vén a evidenciar o incumprimento manifesto da lei por parte do ente local, ademais dun incumprimento contractual que afecta ao prezo».
La Xunta entiende que el Concello de Catoira y el de Piñor están en el mismo caso, pues desde que la subida del canon de Sogama se hizo efectiva en marzo del año 2014, ambos realizaron solamente pagos parciales de las facturas que les fueron giradas por la empresa pública y obviaron el precio que rigió entre marzo y diciembre de ese año 2014, período en el que se aplicó la subida del canon. Esa tasa, apuntan desde la Xunta, se enmarcaba en la reforma estatal del sector eléctrico, y se fijó teniendo en cuenta un plan de viabilidad que la empresa pública gallega puso en marcha en función de los costes reales del servicio. Ese canon, aclara la Administración, solo se mantuvo hasta el mes de diciembre porque finalmente «o contido da reforma enerxética foi menos lesivo do esperado para os intereses da Sociedade Galega do Medio Ambiente», lo que permitió rebajar el canon en un 10 % a partir de enero de este año.
Por otra parte, la Xunta recuerda que la gestión de los residuos urbanos es una competencia municipal, y que los concellos pueden adherirse o no al sistema autonómico. En este sentido, apunta que tanto el Concello de Piñor como el de Catoira no desistieron de su contrato con Sogama tras la publicación de la ley de presupuestos en la que se fijaba la subida del canon.
Precisamente la aplicación de un precio uniforme para todos los ayuntamientos incluidos en el sistema de gestión de residuos, independientemente de cuáles sean sus características y de su situación geográfica, fue uno de los factores que posibilitó, según la Comisión Europea, la cohesión territorial, subraya la Administración autonómica.
Precio inferior al de otras plantas
La Xunta da todavía más argumentos a favor de su sistema de gestión de residuos. Asegura, por ejemplo, que pese al elevado coste que supone el transporte de la basura por carretera y por ferrocarril, el canon que aplicó la compañía fue siempre inferior al de otras plantas estatales de características similares. Entiende también que la construcción de plantas intermedias de transferencia se reveló como la mejor solución para salvar la dificultad logística que suponía la dispersión poblacional. En lo que se refiere al aspecto ambiental, el Ejecutivo gallego destaca la contribución de Sogama al cierre de vertederos incontrolados.
Los alcaldes críticos sostienen que la actuación judicial frena las denuncias por no pagar la tasa
Los concellos que se rebelaron contra la decisión de la Xunta de encarecer el canon de Sogama un 34 % a partir de marzo del 2014 consideran que el inicio del proceso para elevar el caso al Tribunal Constitucional, a instancias de las alegaciones formuladas por el concello ourensano de Piñor, no solo dejará en suspenso los recursos judiciales emprendidos por el Gobierno gallego para reclamar el pago de las facturas que esos ayuntamientos no han abonado en su totalidad o parcialmente. Advierten que también impedirá a la Xunta interponer cualquier recurso contra los recibos que no paguen en los próximos meses, hasta que se pronuncie el Constitucional.
Iniciativa de varios concellos
Así lo explicó ayer el alcalde de Monforte, Severino Rodríguez (BNG), quien defendió que la vía abierta para acudir al Constitucional «vén a demostrar que a Xunta actuou de forma fraudulenta coa imposición desta suba». Rodríguez, que fue uno de los portavoces de los concellos que se enfrentaron al Ejecutivo por ese incremento unilateral del canon de Sogama, reprobó también la actitud de la sociedad pública en los últimos meses. «Non fixo ningún movemento ante os concellos, nin contacto telefónico nin de ningún tipo. É unha mostra de desprezo ao diálogo», lamenta Rodríguez. En su caso, el Concello de Monforte ha devuelto a Sogama todas las facturas que le remitió desde que, en marzo del año pasado, comenzó a aplicar la subida del 34 % (que mitigó en enero con una rebaja del 10 % en la tasa).
Aunque la primera actuación con opciones de llevar el caso al Constitucional es la del Concello de Piñor, todos los ayuntamientos críticos tomaron medidas individuales con el mismo objetivo.