El Parlamento gallego reclamará hoy por unanimidad el traspaso de la gestión sanitaria de las cárceles
GALICIA
La iniciativa fue defendida por la diputada Consuelo Martínez (grupo Mixto), pero el PP optó por apoyarla, no sin antes hacer una serie de matizaciones
06 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Los grupos políticos representados en el Parlamento gallego alcanzaron ayer un principio de acuerdo, pendiente de que se vote hoy en el pleno, a través del cual se posicionaron a favor de reclamar del Gobierno central el traspaso a Galicia de parte de la gestión de los centros penitenciarios, especialmente todo lo que concierne a los servicios de asistencia sanitaria. La iniciativa fue defendida por la diputada Consuelo Martínez (grupo Mixto), pero el PP optó por apoyarla, no sin antes hacer una serie de matizaciones, pues el Gobierno gallego no está dispuesto a recibir dicha competencia si no viene acompaña de la dotación económica correspondiente.
La diputada autora de la iniciativa se enganchó en lo que dicta la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que data del 2003, para reclamar que la Xunta de Galicia, a través del Servizo Galego de Saúde (Sergas) asuma las competencias en materia de prestación de los servicios sanitarios gallegos en todo el territorio de la comunidad autónoma, incluyendo asimismo a la población reclusa, que de momento permanece al margen. «Hai que evitar que a sanidade penitenciaria funcione como un cantón», manifestó Consuelo Martínez durante el debate de la propuesta, que deja al margen la reclamación del traspaso íntegro de los centros penitenciarios radicados en Galicia.
Desde el grupo popular, su portavoz en materia de sanidad, Miguel Santalices, puso el acento en la defensa de su enmienda, «coa que imos máis alá», remarcó, pues precisa que la asunción de una transferencia de este tipo tiene que venir acompañada «dos medios económicos suficientes» para prestar la atención sanitaria con plenas garantías a la población reclusa en Galicia.
Indicó que esta salvedad no es menor, habida cuenta de que algunos hospitales tendrían que ser acondicionados para atender con garantías a los presos en módulos especiales. La propuesta, en todo caso, se votará hoy en el pleno.
Disputa por el gallego
En el transcurso del pleno parlamentario, los grupos del PP y el BNG también mantuvieron una viva disputa a cuenta de la política lingüística. Todo empezó por la proposición legislativa defendida por la diputada nacionalista Ana Pontón, basada en el Plan Xeral de Normalización Lingüística del 2004, que el PP no accedió a darle rango de ley.
Pontón echó mano de constantes referencias a la política de discriminación racial de los Estados Unidos, cuando la población afroamericana era obligada a viajar en los asientos traseros de los autobuses, y dijo que también la política del Partido Popular con el gallego «rezuma racismo», pues convierte a este idioma en una lengua de segunda para que viaje en los asientos traseros. Desde el PP, Agustín Baamonde, se despachó con contundencia contra estas acusaciones tachando de «inútil» la proposición del BNG, por entender que era «perturbadora» y rompía todos los consensos que había hasta el momento.