Aceptada a trámite la norma de participación ciudadana en el Parlamento
25 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La palabra «casta», utilizada hasta la saciedad por Podemos para arremeter contra los dirigentes de los demás partidos políticos, también fue invocada ayer en el Parlamento gallego con los mismos fines, aunque en este caso fue el portavoz del grupo del PP, Pedro Puy, el que la pronunció para cargar contra toda la oposición, una vez que el PSdeG, AGE, el BNG y el grupo Mixto anunciaron que no apoyarían la tramitación de una proposición de ley incluida por Feijoo en el paquete de medidas de regeneración democrática.
El texto en cuestión es la proyecto de ley sobre iniciativas legislativas populares y participación ciudadana, que el PP se resignó a tomarlo en consideración solo con sus votos, pues desde la oposición valoraron que era un texto «fosilizado» y la tacharon de fuego de artificio para aparentar que desde la Xunta se hace algo para prevenir la corrupción política.
Con todo, Puy se subió a la tribuna a defender un proyecto que incluye en su seno la ley de iniciativas legislativas populares, aprobada hace solo cinco meses, e incorpora varios artículos para favorecer la participación directa de los ciudadanos en los procesos parlamentarios. «O obxectivo é perfeccionar os instrumentos da democracia participativa», señaló Pedro Puy, que entre las novedades del texto destacó que se abre la puerta a que los ciudadanos puedan elevar a la Cámara iniciativas de impulso solo con el aval de 2.500 firmas o hacer aportaciones, a modo de enmiendas, a los textos legislativos.
Sin explicaciones
«¿Pensa que no Parlamento non hai máis que facer?», se quejó el portavoz socialista, José Luis Méndez Romeu, tras recordar que el PP se pone a reformar ahora una ley aprobada hace solo unos meses, y mientras tanto impide que el presidente de la Xunta y la conselleira de Sanidade comparezcan para dar explicaciones por asuntos como el fraude de los cursos de formación o el colapso de las urgencias hospitalarias.
También desde AGE, BNG y el grupo Mixto negaron que el texto vaya a mejorar el control ciudadano al Gobierno a través del Parlamento. «Non sei se non se pasaría de freada co impulso democrático e acabará enfociñado», le espetó Francisco Jorquera (BNG) a Puy, mientras Ramón Vázquez (AGE) cree que la ley es mera «propaganda» para el «lavado de cara de la timocracia», y recordó que los ciudadanos ya pueden trasladar ahora sus peticiones a través de los grupos políticos.
La falta de apoyo irritó de manera especial a Puy, que mostró su disposición a incorporar alguna enmienda de la oposición, a la que le dedicó este mensaje: «Con este non están demostrando que son o peor da casta política, que non queren que a cidadanía veña a esta Cámara».
Los populares se resignan a votar en solitario la ley sobre la calidad de servicios sociales
El grupo del PP se resignó ayer a aprobar solo con sus votos la nueva Lei de Garantía da Calidade dos Servizos Públicos e Boa Administración, rechazada por todos los grupos de la oposición por entender que favorece la gestión indirecta de las prestaciones básicas y su privatización.
La nueva norma incorpora aportaciones puntuales de todos los grupos, incluidas ocho enmiendas del grupo del PSdeG de las que acabó desmarcándose su propia autora, la diputada socialista Beatriz Sestayo, pese a que fueron apoyadas tanto por el PP como por AGE y el BNG.
Fue precisamente el desmarque del PSdeG de sus propias enmiendas lo que provocó ayer, en la debate plenario, un agrio debate entre la diputada popular Paula Prado y Sestayo. La primera se encargó de lanzar el primer reproche, al agradecer la colaboración y la «vontade de consenso» que el grupo mayoritario encontró en AGE y el BNG, pero «lamentando a actitude da ponente do PSOE», en alusión a Sestayo, a quien Paula Prado acusó de no haberse leído siquiera los artículos de la ley abordada por el Parlamento para poder enmendarla. «Os socialistas non chegan a acordo nin coas súas propias propostas», recriminó Prado.
Sestayo remarcó que si no llegaron a acuerdos con el PP fue porque el PSOE no quiere «privatizar» los servicios públicos. En esta tesis insistió en resto de la oposición para descolgarse en la votación final de una ley de calidad que convierte a Galicia «en pioneira», como presumió el PP.