Un cargo de seguridad exculpado en el Alvia está imputado por otro accidente

La instrucción judicial de la colisión de dos mercancías en Arévalo, que causó en el 2010 la muerte de un maquinista, está a punto de finalizar


Redacción / La Voz

La Justicia es lenta. La instrucción judicial que investiga una colisión entre dos trenes de mercancías ocurrida cerca de la estación de Arévalo (Ávila) el 26 de marzo del 2010 está a punto de finalizar y es más que probable que la Fiscalía acuse al que era el director de Seguridad en la Circulación del ADIF cuando ocurrió el siniestro que costó la vida a un maquinista. Se trata de Andrés Cortabitarte, también máximo responsable de la seguridad ferroviaria cuando se modificó el proyecto de la línea Santiago-Ourense y el cargo que autorizó la desconexión del ERTMS embarcado en el Alvia que descarriló en Angrois provocando 79 muertos y una víctima mortal más pendiente de ser reconocida. Por el accidente en Galicia fue imputado en su momento por el juez Luis Aláez junto con otros 11 cargos. Pero la Audiencia de A Coruña les levantó la imputación en octubre.

Sin embargo, Cortabitarte, que ya no es el responsable máximo de la seguridad pero permanece en el ADIF, sí sigue imputado por un siniestro como el de Arévalo, con consecuencias menos trágicas y mucho más simple en la investigación de sus circunstancias. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) lo atribuyó a un fallo técnico en las instalaciones de seguridad, concretamente en la señalización, producido por la realización de pruebas para modificar el enclavamiento de Arévalo. La colisión se produjo al estar la señal avanzada en vía libre (color verde) pese a situarse la señal posterior en parada (rojo) al estar ocupada la vía por otro tren. Dicho con otras palabras: el maquinista asumió por culpa de la señalización que en la vía no había otro tren. Y chocó con otro mercancías que estaba parado.

A raíz de este informe de la CIAF y otro de Inspección de Trabajo que denunciaba la omisión de las normas esenciales de seguridad, la Fiscalía promovió en julio del 2011 que se reabriera el caso, que fue archivado en un pequeño juzgado de Santa María la Real de Nieva, un municipio cercano a Arévalo de poco más de 1.000 habitantes. Aseguraba en su escrito que hay «indicios suficientes» de la comisión de un delito de homicidio imprudente y otro contra los derechos de los trabajadores.

Finalmente la Audiencia de Segovia ordenó reiniciar las diligencias pese a la negativa del juez instructor, en un procedimiento muy parecido al que sirvió para reabrir el caso por el accidente del metro de Valencia, donde también hay cargos imputados y, casualmente, Andrés Cortabitarte firma un informe pericial muy indulgente con las medidas de seguridad del metro.

El propio contratista que iba a modificar el enclavamiento había recomendado que se interrumpiera la circulación en Arévalo mientras se hacían las pruebas. El ADIF se negó, haciendo caso omiso de una recomendación de la CIAF del 2008.

«Fue un gran fallo por parte de todo el mundo», dijo en su declaración

Tras el accidente de Arévalo, la CIAF recomendó que se realizaran análisis de riesgo como los que algunos peritos del caso Alvia creen que no se elaboraron para la curva de Angrois. En su declaración de enero del 2013 -cuando estuvo imputado en el Alvia se negó a declarar-, Cortabitarte asume que hubo un error a la hora de controlar las señales durante las pruebas, pues todas deberían estar en rojo. «Fue un gran fallo por parte de todo el mundo», reconoció en su comparecencia. No obstante, a preguntas de su abogado, aseguró no entender por qué está imputado, y descargó responsabilidades en cargos de circulación más locales y en la empresa encargada de modificar el software del enclavamiento. «Mi relación con este accidente es solo redactar un informe de investigación», dijo.

El fiscal propuso en diciembre al juez realizar unas últimas diligencias para cerrar la instrucción.

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