Los alcaldes y concejales se obligan a publicar cada año su sueldo y bienes

Serafín Lorenzo SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

XOÁN A. SOLER

Deberán difundir también las posibles indemnizaciones por dejar el cargo

21 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

En la misma semana en la que el Ejecutivo de Feijoo ha dado luz verde al anteproyecto de ley de transparencia, que extiende a los altos cargos las exigencias que ya deben observar el presidente y sus conselleiros, la Federación Galega de Municipios (Fegamp) ha remitido a los 314 concellos y a las cuatro diputaciones su propia hoja de ruta contra la corrupción. El documento, aprobado por todos los grupos políticos cuando restan dos meses para las elecciones de mayo, consta de un código ético y de un plan de transparencia por el que los ediles se obligan a publicar anualmente sus retribuciones y a declarar sus bienes y actividades.

En la actualidad, y al contrario de lo que ocurre con el presidente y los conselleiros, la información sobre los sueldos de los alcaldes gallegos no está al alcance de los ciudadanos, y mucho menos la relativa a los concejales y al detalle de los que tienen o no dedicaciones exclusivas.

El plan de transparencia de la Fegamp, que será de adhesión voluntaria por los ayuntamientos, propone que los altos cargos divulguen también las indemnizaciones que puedan percibir por abandono del puesto público, así como las resoluciones que, en su caso, autoricen el ejercicio de la actividad privada como motivo de su cese. En este punto, el código ético y de buenas prácticas elaborado por el organismo municipalista recoge expresamente que, durante los tres años siguientes a la conclusión de su mandato, los cargos electos no podrán desempeñar «responsabilidades remuneradas» en las empresas que hubieran suscrito algún contrato con el concello durante el período de gestión del alcalde saliente. Esta prohibición se extiende incluso a los grupos empresariales a los que pertenezcan esas firmas adjudicatarias del ayuntamiento.

Transparencia en los contratos

El plan de transparencia plantea, además, que los municipios tendrán que publicar una relación precisa de sus cargos de confianza y del importe «individual o colectivo» de sus retribuciones. En el capítulo jurídico y patrimonial, los concellos quedarán obligados a dar transparencia a todas las ordenanzas, reglamentos y disposiciones de carácter general, además de a las directrices, circulares, acuerdos e instrucciones. También tendrán que hacer públicos los acuerdos de la junta de gobierno y las resoluciones judiciales que afecten al ayuntamiento, y difundir relaciones detalladas de los bienes inmuebles de su propiedad y de los vehículos oficiales adscritos, ya sean propios o en alquiler. La Fegamp recomienda utilizar la web municipal para ofrecer toda la información al ciudadano.

Uno de los capítulos al que el plan de transparencia dedica más atención es el de las contrataciones, convenios y subvenciones, que es el ámbito en el que se producen más casos de esa «corrupción ou mala gestión» que el organismo municipalista asume que ha alejado a los ciudadanos de la Administración.

Para iluminar las zonas oscuras, propone la publicación del perfil del contratante, con el detalle de los contratos formalizados (su objeto, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, instrumentos de publicidad, licitadores participantes e identidad del adjudicatario, y modificaciones y decisiones de desistimiento o renuncia de los contratos); información sobre la composición de las mesas de contratación y sus actas; listado e importes de las operaciones con proveedores, adjudicatarios y contratistas «máis importantes» del concello; modificaciones realizadas en los principales proyectos; lista de empresas que concurran a la licitación de obras públicas; y nombre de las firmas que realizaron las infraestructuras más relevantes.

El mismo grado de detalle se reclama para que los administrados tengan todos los datos sobre los convenios suscritos por el concello, encomiendas de gestión, y ayudas públicas concedidas. En este último punto, la Fegamp pide que se detallen importe, objetivos y beneficiarios de todas las subvenciones.

Los plenos de los concellos decidirán si asumen las reglas de actuación para 3.811 cargos electos

El ambicioso plan de transparencia de la Fegamp parte de la autocrítica sobre la necesidad de regenerar los modos de actuación en un ámbito, el de la gestión municipal, que acumula una treintena de alcaldes imputados. El órgano municipalista pone el listón muy alto, tanto por unas reglas de juego limpio que llegan avaladas por PP, PSOE y BNG como por ese criterio de adscripción voluntaria que señalará a los concellos que se desmarquen. El plan determina que la adhesión deberá realizarse por acuerdo del pleno municipal.

Junto con la información sobre las retribuciones de altos cargos y personal directivo, y las contrataciones, la federación que representa a los 314 concellos y las cuatro diputaciones pide publicar los datos sobre la organización, planificación y personal de cada ayuntamiento, además de su situación económica y financiera, los servicios que presta y las decisiones adoptadas en materia urbanística, otro ámbito sensible.

Infracciones con sanción

El plan de transparencia contempla una ordenanza tipo, con un apartado de infracciones que prevé sanciones que pueden llegar a los 3.000 euros para las muy graves. Incurrirán en ellas los concellos que desnaturalicen el sentido de la información o alteren de forma «moi grave» su contenido.

La otra pata del plan es el código ético que, además de condicionar la actividad privada de ediles después de su salida del cargo, también veta placas y símbolos inaugurales, y prohíbe conceder o aceptar regalos, y realizar viajes privados a cargo del concello, incluso en sus vehículos.