Los altos cargos de la Xunta deberán publicar sus bienes al llegar y al irse

M. Ch. SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Álvaro Ballesteros

El Valedor do Pobo velará por el cumplimiento de la ley de transparencia

20 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Al igual que ya tienen que hacer en la actualidad el presidente de la Xunta y sus conselleiros, los secretarios xerais, directores y asimilados habrán de difundir sus patrimonios (cuentas bancarias, inmuebles, deudas...) tanto al tomar posesión del puesto como al cesar en él. Además, deberán revelar sus actividades en los dos años anteriores a la fecha del nombramiento, amén de comunicar a qué se piensan dedicar en los 24 meses posteriores a la dimisión o a la destitución, para que la oficina autonómica de incompatibilidades decida si pueden o no emplearse de esa manera que pretenden. Quienes incumplan dichas obligaciones, oculten parte de sus posesiones o bien falseen sus declaraciones se enfrentarán a sanciones de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y económicas de una cuantía que el Gobierno autónomo revelará a comienzos de la próxima semana.

Estas son algunas de las principales novedades incluidas en el anteproyecto de la nueva ley de transparencia de Galicia, que el Gabinete Feijoo aprobó inicialmente en su reunión semanal de ayer. El texto, cuyo contenido íntegro no será dado a conocer hasta el lunes o el martes, será sometido ahora a un proceso de alegaciones que durará un mes. Posteriormente, el Ejecutivo lo ratificará de manera definitiva y luego lo enviará al Parlamento para su preceptiva tramitación. Probablemente, por tanto, no podrá entrar en vigor hasta después del verano.

La norma «mellora» la actual gallega, de junio del 2006, y «desenvolve e incrementa as esixencias» de la estatal, la cual data de diciembre del 2013. Al menos eso fue lo que defendió ayer el encargado de presentarla ante la prensa, Alfonso Rueda. El vicepresidente incidió en un segundo aspecto del documento: este último confiere al Valedor do Pobo las competencias de velar por el cumplimiento de los preceptos de la ley y de resolver conflictos entre la ciudadanía y la Administración a propósito del acceso a la información pública.

La normativa prescribe la creación, a lo largo del segundo semestre del 2015, de un nuevo portal web en el que la Xunta tendrá que poner a disposición de los internautas miles de datos y actualizarlos periódicamente. Por ejemplo, figurarán ahí los nombres de los liberados sindicales y su coste para el erario, las identidades de los asesores del Gobierno y sus retribuciones, los coches oficiales y sus destinos, y la composición de las mesas de contratación y los motivos de selección de los licitadores admitidos en cada adjudicación. También las relaciones de puestos de trabajo y los cuadros de personal de las consellerías y los chiringuitos, un registro de los entes dependientes de la Administración y una relación completa de los órganos colegiados adscritos a cada departamento, incluidos sus integrantes.

Amén de la evolución de la deuda pública, ese sitio virtual recogerá igualmente la normativa vigente en Galicia, así como las resoluciones judiciales que afecten a su interpretación.

La norma sujeta a los Gobiernos en funciones y regula los procesos de traspaso de poder

La ley que, todavía en forma de anteproyecto, aprobó ayer el Gobierno autónomo «situará á Xunta á cabeza das administracións públicas máis transparentes de España», según Alberto Núñez Feijoo. Entre otras cosas, a juicio del presidente, porque también encorsetará la labor de los Ejecutivos en funciones y regulará los traspasos de poderes entre Gabinetes salientes y entrantes después de unas elecciones.

La norma impedirá a los Gobiernos en funciones, por ejemplo, enviar leyes al Parlamento, autorizar convenios con el Estado u otras comunidades, aprobar convocatorias de empleos públicos, modificar las relaciones de puestos de trabajo en la Administración y adquirir compromisos de gastos, «máis aló dos desembolsos correntes ou de casos de urxencia debidamente acreditados».

En paralelo, el documento forzará a los Ejecutivos salientes a elaborar, consellería a consellería, dosieres de gestión en los que se detalle información como el grado de ejecución presupuestaria, las inversiones comprometidas, las obligaciones de pago pendientes, los contratos y convenios vigentes y «calquera outra negociación ou compromiso en curso cuxa xestión vaia corresponder aos titulares do Goberno entrante», en expresión del vicepresidente, Alfonso Rueda.