La defensora del pueblo censura que la Xunta no abra comedores escolares en verano

Galicia optó por luchar contra la pobreza infantil dentro del hogar y en vacaciones atendió a 163 familias de 20 concellos


Santiago / la Voz

La defensora del pueblo recibió más de 23.000 quejas en el año 2014, y como era previsible, el 65 % se refieren a la política social, aludiendo a situaciones de necesidad y lucha contra la exclusión. Una de las que más preocupan es la pobreza infantil y los casos de malnutrición, y de hecho la propia defensora, Soledad Becerril, instó a las distintas comunidades autónomas en mayo del 2014 a que mantuviesen abiertos los comedores en verano para garantizar que los niños de familias con pocos ingresos tuviesen garantizada una comida al día.

La Xunta descartó esta alternativa, que adoptaron por ejemplo Andalucía, Canarias, Aragón, Cataluña o Valencia, esta última mediante un modelo intermedio de escuelas de verano. Ayer Soledad Becerril entregó el informe anual del 2014 al presidente del Congreso, Jesús Posada, y al presidente del Senado, Pío García Escudero, y en él se refleja que las Administraciones ya tienen una conciencia clara para actuar y evitar las consecuencias de la pobreza infantil y la malnutrición de los menores.

El principal argumento para no abrir los comedores en verano para familias con pocos recursos es el efecto estigmatizante que puede tener mantener a los menores en un centro educativo en verano, pero la Defensora le recuerda a las comunidades que no lo han hecho que este motivo «no resulta suficiente para rechazar de plano dicha posibilidad si no se adoptan otras medidas alternativas» como llevar la comida a casa, vales de compra o actuar a través de entidades sociales de gran implantación para que permitan un acceso real y efectivo a los recursos necesarios.

Otra opción que plantea el informe anual más allá de las ayudas de emergencia o rentas mínimas que considera insuficientes para atajar el problema de la pobreza infantil, es establecer ayudas económicas específicas para familias con menores a su cargo, como ha hecho La Rioja, pero advierte este órgano unipersonal que resultará insuficiente si no se acompaña de una mayor agilidad en el tratamiento de las solicitudes.

La Xunta defiende su modelo

La Consellería de Traballo e Benestar mantiene su filosofía de actuar contra la pobreza infantil en el seno de la familia, y recuerda que en la Estrategia de inclusión de Galicia que se presentó en diciembre del 2014 se recoge la pobreza infantil como uno de sus ejes prioritarios.

Galicia optó por luchar contra la malnutrición de los pequeños dentro del hogar, como la mayoría de comunidades autónomas. En el verano del 2014 se atendieron -tras el acuerdo de todos los grupos parlamentarios para instar a la Xunta a que ningún menor careciese de alimentación- 163 familias de 20 concellos con niños. Se trataba de una medida creada específicamente a través de un protocolo con la Fegamp y la Federación Gallega de Bancos de Alimentos.

Críticas al poco desarrollo normativo de la renta mínima de inserción

El documento presentado por Soledad Becerril también alerta de que varias Administraciones autonómicas aseguran que los remedios más adecuados para combatir la pobreza infantil son potenciar las rentas mínimas o las ayudas de emergencia, pero estas medidas están ya implantadas «y lo cierto es que diversos estudios han alertado en el último año de que el problema persiste».

El informe de la Defensora del Pueblo asimismo recoge muchas quejas sobre la renta mínima de inserción en varias comunidades. Uno de los problemas afecta a Galicia, y es que una de las mayores deficiencias es el inadecuado desarrollo normativo de las mismas o incluso la falta. Es en este caso en el que el documento alude a la comunidad gallega, que en la disposición final primera de la Lei 10/2013, de 27 de noviembre, de Inclusión Social de Galicia, establece que en un plazo de seis meses elaborará las disposiciones necesarias para su desarrollo y aplicación. Desde la Consellería de Traballo e Benestar responden en el propio informe que ya está redactado el borrador, «por lo que se efectuará un seguimiento sobre el mismo».

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