Mato asegura que bloqueó las ayudas a los cursos ficticios al saber del fraude


santiago / la voz

La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, compareció ayer en el pleno del Parlamento para dar cuenta de las medidas de apoyo a los jóvenes desempleados y a los parados de larga duración que acaba de aprobar la Xunta, que supondrán una inversión de 60 millones de euros, pero su intervención acabó girando hacia el fraude detectado en los cursos de formación de la Xunta, que se investiga en el marco de la operación Zeta.

El diputado Juan Fajardo (AGE) llevó a la conselleira a su terreno al aludir a una publicación del Diario Oficial de Galicia (DOG), del pasado día 20, que daba cuenta de una subvención de 114.000 euros a la firma Azetanet, investigada en la operación judicial, precisamente por organizar cursos de formación. «Non se chegaron a pagar», afirmó el portavoz del PP, Miguel Tellado, anticipándole a lo que más tarde confirmó también la conselleira.

Y es que Beatriz Mato insistió en que la orden publicada en el DOG es relativa al año 2013, y Azetanet concurrió a la misma porque cumplía los criterios de la orden. Ahora bien, la Consellería explicó más tarde que una vez que se realizó la investigación interna en la Xunta y se puso en marcha la operación judicial, ya en el 2013, las ayudas a Azetanet se bloquearon. «Nunca se aboaron por incumprir os obxectivos da subvención», aclaró Traballo, mientras Fajardo demandó a su vez que se aporten datos sobre las ayudas dadas a las firmas investigadas.

Dos leyes del BNG

Por otra parte, el pleno del Parlamento abordó ayer dos proposiciones de ley del grupo del BNG, cuyos diputados hicieron su particular homenaje a Rosalía de Castro en el 178º aniversario de su nacimiento ataviados con camisetas con el rostro de la poeta. Una de las leyes iba dirigida a la publicidad institucional, para primar a los medios escritos en gallego, que pese a ser respaldada por AGE, el PSdeG y el grupo Mixto, fue rechazada por el PP.

La otra iniciativa, defendida por Carme Adán, planteaba regular por ley las indemnizaciones que concede la Xunta a mujeres sin recursos víctimas del maltrato, regulación que el PP consideró redundante.

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