El Supremo rechaza abrir una causa a Barreiro por hechos «muy desvaídos»

Los magistrados de la Sala de lo Penal consideran, como el fiscal, que no hay indicios suficientes para acusar al portavoz del PP en el Senado de recibir dinero de Vendex


redacción / la voz

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha seguido casi con puntos y comas el dictamen de la Fiscalía sobre la posibilidad de abrir una causa en ese tribunal a José Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado y por tanto aforado. Los magistrados de esta sala y el ponente del caso, Antonio del Moral García, asumen como el fiscal que los indicios recopilados hasta el momento por la jueza Pilar de Lara en el marco de la operación Pokémon no son suficientes para imputar al también presidente provincial del PP en Lugo los delitos de cohecho y tráfico de influencias por haber presuntamente cobrado dinero de Vendex a cambio de distintas gestiones. «No existen méritos en el actual estado de la investigación para incoar causa frente al aforado. Ello no impide, obviamente, que si apareciesen nuevos elementos relevantes pueda replantearse», se señala en el auto hecho público ayer.

Más adelante los magistrados alegan que no procede la apertura de una causa «por estos eventuales hechos cuya acreditación y carácter típico aparecen de momento muy desvaídos».

Barreiro, por tanto, no tendrá que enfrentarse a una investigación del Supremo que irrevocablemente desembocaría en su citación como imputado, un paso inicial antes de la solicitud de suplicatorio si se decidiera el procesamiento. Como el fiscal, la Sala de lo Penal considera que no está suficientemente evidenciada la participación de Barreiro en los hechos de los que se le acusa. Mientras que la acusación pública animaba a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo a que prosiguiera sus investigaciones, los magistrados tan solo prevén un replanteamiento de su decisión si aparecen nuevos elementos. Pero no instan a la jueza a continuar con su investigación al senador. No obstante, ven «bien elaborada, trabajada y completa» la exposición razonada de la jueza.

En primer lugar se analiza el posible delito de cohecho por la hipotética recepción en el 2001 de entre 5.000 y 6.000 euros que le habría entregado José María Tutor, delegado en Galicia de Vendex, una de las empresa investigadas en la causa conocida como Pokémon por presuntamente pagar dinero a políticos a cambio de ventajas en la adjudicación de contratos.

Barreiro, según la exposición remitida desde el juzgado de Lugo, sería un beneficiario de esta política de sobornos por un documento (concretamente un fax) encontrado en el registro de la sede de Vendex y una serie de conversaciones telefónicas intervenidas. Según estos indicios, el propio Tutor habría entregado personalmente una cantidad de dinero a Barreiro en un encuentro que tuvo lugar el 20 de mayo del 2011. El Supremo asume que este encuentro existió por los datos de localización geográfica de los teléfonos móviles. Pero considera que hay que determinar cuál fue la finalidad de esa cita valorando todos los indicios y teniendo en cuenta que en las conversaciones se utiliza un lenguaje que nunca se refiere directamente a entregas de dinero, «sino que se vale de términos subrepticios o supuestamente convenidos», como cuando se utiliza la palabra «informe» para hipotéticamente referirse al dinero. Y para los magistrados, «la hipótesis de que el aforado recibió dinero se fundamenta en esas deducciones. El señor Tutor no ha reconocido en sus declaraciones haber realizado entrega de dinero. Tampoco consta documento contable o bancario que la refleje ni se constata un aumento del patrimonio del aforado».

Tampoco se podría relacionar esta entrega con una actuación de Barreiro como autoridad o funcionario, dada su condición de senador y presidente provincial del PP.

No hay tráfico de influencias

El posible delito de tráfico de influencias se situaría en los encuentros de Barreiro con Tutor en julio del 2012, relacionados presuntamente con un interés del senador por la contratación de una persona en Doal -empresa que gestiona la ORA en Lugo- y con la solicitud de Vendex de que el grupo local del PP rebajar las críticas a la ORA. El Supremo reduce la relevancia penal de esos encuentros a una «hipótesis policial». Tampoco cree que esta situación responda a un delito de tráfico de influencias, pues exige influir en un funcionario o autoridad para lograr una resolución que genere un beneficio.

«Siempre dije que no tenía nada que ver con todo este proceso, y que tenía plena confianza en la actuación de la Justicia. Es evidente que estoy muy satisfecho de que esto se haya aclarado de forma definitiva», dijo ayer Barreiro al conocer la decisión del Supremo.

La jueza cree que el cese de dos funcionarias llevará su juzgado al colapso

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo asegura en un escrito a la Xunta que el cese de dos funcionarias de refuerzo supondrá «el colapso total e irreversible de este juzgado», así como el retraso en el final de las macrocausas Carioca y Pokémon, algo que demandan «los propios imputados, que se están viendo sometidos a una injustificada pena de banquillo, como ellos mismos han denunciado».

La Xunta aclaró que se tomó esta decisión porque los apoyos «estaban vinculados a un juzgado paralelo en el que no se renovó al juez sustituto».

Investigaciones judiciales que al final se desinflaron

Distintas investigaciones judiciales alcanzaron relevancia mediática, pero finalmente se desinflaron cuando llegó el momento de la apertura del juicio oral o la sentencia, o cuando el Tribunal Supremo o el Superior debían decidir si se abría una causa contra aforados por su condición de parlamentarios. A menudo estas causas se demoran en el tiempo y, a veces por motivos formales o procesales, o por falta de pruebas suficientes, terminan en vía muerta. Estos son los casos más llamativos, algunos de ellos todavía pendientes de recurso.

El caso de las multas

Absueltos 23 acusados. La Audiencia de Lugo los absolvió en el caso de las multas amañadas al considerar que todas las pruebas recabadas por la jueza Estela San José «fueron obtenidas de modo procesalmente irregular», al no llevarse el caso a la fórmula de reparto entre juzgados que marca la ley. La Audiencia no valoró el fondo del asunto al considerar nulas todas las pruebas. Esta decisión ha sido recurrida en el Supremo por la Fiscalía.

Operación muralla

Cacharro no fue encausado. La macrooperación que llevó en el 2006 al fiscal Jesús Izaguirre a un inédito registro de la Diputación de Lugo y a la imputación del entonces presidente, Francisco Cacharro (PP), terminó con solo dos funcionarios condenados a una multa. Después de seis años de instrucción para investigar unos contratos, el fiscal retiró la acusación contra Cacharro y diluyó en la nada aquel espectacular operativo.

El caso Josman

El alcalde de Ferrol, desimputado. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), fue desimputado el pasado mes de noviembre por la jueza Pilar de Lara al comprobarse que la voz atribuida a un tal Josman que aparecía en unas conversaciones intervenidas, en las que se negociaba una presunta entrega de dinero por parte de Tutor, no era el regidor. Según la policía, se trataba de un militante de base, José Manuel Vilaboy Lois. También en la operación Pokémon, la Fiscalía reclama que se archive la causa contra el presidente de Cantabria, al considerar que ha prescrito el delito de cohecho por su estancia en un balneario.

El caso blanco

El Supremo no vio delito. Al contrario que Barreiro, el exministro de Fomento sí fue investigado por el Supremo por las acusaciones del empresario Jorge Dorribo, que aseguró a la jueza Estela San José que entregó 200.000 euros al dirigente socialista en una gasolinera de Guitiriz. Pero fue exculpado en septiembre del 2013 de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

El caso escribano

También sobreseído. La causa abierta contra Javier Escribano, que dimitió como diputado del PP al conocer la investigación judicial, fue finalmente sobreseída. La policía había llegado a la conclusión de que recibió un Porsche a cambio de hacer gestiones para salvar los obstáculos que un empresario tenía en la comercialización de áridos.

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