El vacío legal de los niños sin escolarizar

maría santalla REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Una niña estudiando en su casa en una imagen de archivo.
Una niña estudiando en su casa en una imagen de archivo. MARTINA MISER

Las familias que deciden educar a sus hijos en casa viven pendientes de que los servicios sociales o la Fiscalía les denuncien y piden que no se les pongan trabas

18 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Son unas 2.000 familias en toda España. Una treintena larga en Galicia. Han optado por educar a sus hijos fuera del sistema reglado. Su decisión, están convencidos, es la mejor para sus vástagos. Y por ello no dudan en enfrentarse a un limbo legal que acaba con muchos de ellos ante los tribunales de justicia acusados de un delito de abandono. «En muchos casos los servicios sociales reconocen que esos niños están recibiendo una atención adecuada aunque no estén escolarizados, y el caso no llega a la Fiscalía. Los que llegan a juicio normalmente acaban ganando», explica un portavoz de la Asociación para la Libre Educación (ALE), que aglutina a buena parte de esas familias.

En el año 2011 se aprobó en Galicia la Lei de Apoio á Familia, cuyo borrador consideraba como desamparados a los niños que no eran escolarizados. La movilización de los padres evitó que ese calificativo se consolidase en el texto legal, y el resultado final fue una ley que ni prohíbe ni permite la educación al margen del sistema reglado y que, por tanto, deja a los padres que optan por educar a sus hijos fuera de las escuelas a expensas de lo que los servicios sociales, en primera instancia, o la Fiscalía de Menores, en segundo término, decidan hacer.

Efectivamente, son los servicios sociales o las instancias jurídicas las que, en su caso, actúan. La Consellería de Educación, según confirmaba ayer un portavoz del departamento, solo toma medidas cuando un niño que está escolarizado no acude al colegio. En esos casos, pone en marcha un protocolo de absentismo con el que trata de garantizar que esos escolares regresen al sistema educativo. Pero sus competencias no llegan a aquellos que están fuera del engranaje oficial.

Las familias que optan por dar a sus hijos una educación diferente pueden hacerlo siguiendo o no el temario oficial. Algunas optan por matricularlos en algún método de formación a través de Internet, en la mayoría de los casos en el extranjero. Muchos complementan la formación con las que en el ámbito educativo se conocen como actividades extraescolares.

Pero al margen de la batalla legal a la que los padres pueden o no tener que enfrentarse, otro obstáculo que tienen que solventar las familias que eligen esta alternativa son las convalidaciones. «Hay varias vías», explican desde ALE: «Pueden presentarse a pruebas de acceso libre, o escolarizarse en los últimos años de la educación obligatoria».

Con el fin de sortear todos estos inconvenientes, piden «que se reconozca este modelo, el de la libertad educativa, y que no se nos pongan trabas a quienes optemos por ella». Cuando se tramitaba la LOMCE tuvieron conversaciones con los partidos políticos, pero no fructificaron. Creen que no se les tiene en cuenta porque son pocos.

Críticas de los docentes

Quienes defienden este tipo de formación lo hacen esgrimiendo razones pedagógicas o ideológicas. Frente a ellos, muchos educadores dudan de las bondades de este sistema. La mayor de las críticas contra él es la que argumenta que los niños educados en casa pueden tener problemas de socialización al prescindir del referente escolar y de la compañía diaria de otros niños. Los padres que educan por libre a sus hijos niegan este extremo.

Un informe de la Fiscalía apunta que no ir al colegio puede provocar el aislamiento social de los menores

Aunque los casos de menores que estudian en casa no llegan muchas veces a la esfera judicial, en ocasiones sí que toma medidas la Fiscalía de Menores. De hecho, en uno de sus últimos informes anuales, la Fiscalía alertaba contra este método educativo elegido por algunos padres y argumentaba que la educación en casa, también conocida con el término inglés homeschool, puede generar «aislamiento social» en los menores.

Pese a ello, en los últimos años se han emitido en Galicia tres sentencias que absuelven a padres del delito de abandono del que se les acusaba por no escolarizar a sus hijos. Una de ellas fue recurrida por la Fiscalía de Vigo, que calificaba entonces, a mediados del 2012, la absolución de una madre como un «peligroso precedente». El fiscal argumentaba en ese caso que «el desarrollo de la personalidad del menor no será el mismo que tienen los niños de su edad porque estará aislado socialmente y esto se ha decidido por él y en su perjuicio».

Nuevo caso en Ourense

Esta misma semana se conocía un nuevo caso. En esta ocasión era un juzgado de Ourense el que decidía absolver a una pareja que decidió retirar del colegio a sus hijos de 7 y 6 años para educarlos en su propia casa con apoyo on-line desde una academia de California, en EE.UU. Los progenitores tomaron esta decisión basándose en una supuesta pérdida de motivación por parte de los menores. Por ella acabaron en el banquillo, acusados de un delito de abandono de familia, y con una petición de seis meses de cárcel para cada uno de ellos.

Por el momento, no tendrán que cumplirlos. El juzgado decidió absolverlos, en este caso porque la denuncia fue presentada por la Fiscalía ante el juzgado de lo Penal 1 de Ourense, y la jueza titular de este entiende que es en la vía civil donde debería solventarse esta cuestión.

En todo caso, la sentencia reconoce que el quebrantamiento del deber asistencial estaría en el incumplimiento por parte de los padres de velar por la educación de sus hijos, pero «la opción adoptada por los padres de educar en casa no puede considerarse punible, por entender que la no escolarización en el presente caso no constituye abandono de familia, ya que se está educando a los hijos, pero fuera del sistema oficial». En consecuencia, la jueza entiende que los padres están cumpliendo con el deber «de posibilitar la educación de los menores, no existiendo situación de desamparo o riesgo social».