300.000 viviendas esperan ocupantes

La crisis ha dejado el paisaje urbano plagado de construcciones inacabadas o sin ocupar, pero los promotores dicen que el sector empieza a moverse y que muchas se rematarán


Redacción / La Voz

El estallido de la burbuja inmobiliaria ha dejado Galicia plagada de esqueletos de edificios inacabados o a la espera de inquilinos y de imágenes que recuerdan la del Detroit ruinoso que afloró tras la quiebra de la industria del automóvil. Ahora que se anuncia que la recuperación está a las puertas, la pregunta es si esos cadáveres podrán ser resucitados o si, por el contrario, acabarán convertidos en cenizas. Mientras la incógnita se resuelve, los vecinos sufren las consecuencias del estado de esas edificaciones: la decadencia de muchas de ellas las ha convertido en un peligro para los viandantes y los inmuebles contiguos. Muchos concellos se han visto obligados a actuar para atajar los problemas de seguridad que generan. 

Ejemplos de bloques que la ruina de las constructoras dejó a medio hacer o de edificaciones que se han concluido pero que no han encontrado compradores que las habiten hay por toda Galicia. Sin embargo, el mapa que dibujan las huellas del pinchazo inmobiliario se hace más denso cuanto más cerca se está de la costa y de las grandes ciudades. Especialmente en las áreas cercanas al mar, el brusco frenazo de la crisis dejó inacabadas o sin ocupar miles de viviendas concebidas en su día para convertirse en segundas residencias. En otros casos detrás de las paralizaciones no ha estado la crisis, sino la normativa legal. A veces, las casas simplemente están deshabitadas.  En total, la cifra de viviendas vacías en Galicia ronda las 300.000, según datos del Institutuo Nacional de Estadística (INE).

Uno de los más claros ejemplos de este nuevo paisaje es Barreiros, un municipio del litoral lucense eminentemente turístico cuya construcción estuvo durante varios años paralizada por problemas legales. Sin salir de la provincia de Lugo, las quiebras en el sector inmobiliario paralizaron varias construcciones en Outeiro de Rei, un municipio próximo a la capital. Decenas de viviendas quedaron inacabadas y algunos propietarios, que habían adelantado parte del dinero, optaron por acabarlas ellos mismos para poder habitarlas. El resultado fue que tuvieron que afrontar un coste adicional del 20 %. 

Los vecinos del barrio coruñés de Palavea reiteraban hace unos días sus quejas sobre los inconvenientes que les ocasiona el abandono de seis edificios que en el Ayuntamiento figuran como terminados pero que nunca fueron ocupados. Están precintados por la Policía Local, pero eso no ha impedido que sean objeto de pillaje y blanco de actos vandálicos que preocupan a quienes viven en las inmediaciones.

Búsqueda de alternativas

En la Costa da Morte hay más de 14.000 casas vacías, una bolsa de vivienda para la que algunos concellos tratan de buscar soluciones. Carballo, por ejemplo, ha ofrecido a los propietarios de inmuebles que puedan ser habitados la posibilidad de que los cedan durante dos años para alquiler social. La respuesta no fue tan satisfactoria como se esperaba. Miño, la comarca de Barbanza, la ría de Arousa o el sur de la provincia de Pontevedra son otras zonas en las que los armazones de hormigón o los edificios con persianas bajas forman parte del paisaje cotidiano.

Javier Garrido, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin), cree que muchas de esas construcciones inacabadas podrán finalizarse. «Muchas de ellas han acabado en manos de los bancos; probablemente esas se acaben rematando», dice. A su juicio, las entidades financieras, poco conocedoras del sector, van a recurrir a los promotores inmobiliarios para dar salida a esas urbanizaciones. Esa «unión estratégica», opina, será la que haga posible que esas edificaciones se concluyan. 

No es, asegura Garrido, un mero vaticinio de futuro, puesto que esta tendencia «ya se está viendo». De hecho, «este año la previsión es que algunas de estas operaciones salgan adelante». La agilidad con la que esto ocurra depende del tipo de banco al que hayan ido a parar los pisos. «Hay bancos que van más acelerados que otros. Muchos inmuebles han terminado en el Sareb (el conocido también como banco malo), y este ha sido un ente que lo ha complicado todo mucho. Lo que va a salir más rápido es lo de los bancos que no han dejado sus fondos al Sareb». También encontrarán salida con mayor facilidad, en su opinión, las primeras viviendas. «En segunda residencia ya es más lento, pero en términos de primera vivienda no hay tanta, sobre todo en Vigo, A Coruña y sus áreas de influencia». Por último, las previsiones de los promotores apuntan a que «también van a salir en las ciudades no solo edificios, sino solares, porque hay demanda».

La recuperación que atisba el sector no solo beneficiará a empresarios y trabajadores asociados a la promoción y a la construcción inmobiliarias. Los ayuntamientos se ahorrarán también muchos dolores de cabeza como víctimas indirectas que acaban siendo del deterioro de las construcciones, dado que la necesidad de tomar medidas para garantizar la seguridad y la limpieza acaba generando gastos a las arcas locales.
 

Medida extrema

Según la normativa, la concesión de una licencia de construcción para obra mayor tiene una vigencia de tres años. Si, una vez transcurrido ese plazo, la actuación está inacabada o sin iniciar y no existe una solicitud de prórroga, los concellos pueden iniciar un expediente de caducidad que puede finalizar, si el responsable de las obras no se compromete a acabarlas, con una orden de demolición. Muy pocas veces, sin embargo, se adopta una medida tan drástica. 

La nueva Lei do Solo que tramita la Xunta también prevé multas, que pueden alcanzar los 25.000 euros, para los promotores que no finalicen las obras que hayan empezado. Una medida que busca, precisamente, acabar con la mala imagen de los esqueletos de hormigón.

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