La número dos de Crespo dejó la empresa por las ilegalidades que vio

La directora general de Azetanet declaró que su jefe pactaba con las entidades que lo contrataban un porcentaje de las subvenciones. «A Pachi Lucas se le daban 3.000 euros aunque no hubiese para pagar nóminas», asegura


a coruña / la voz

Al principal imputado de la operación Zeta no le echan un cable ni las empleadas en las que más confiaba, las que ocupaban los más altos cargos en su empresa. El miércoles fueron las directoras financiera y comercial las que achacaban a Gerardo Crespo la autoría de todas las irregularidades supuestamente cometidas en Azetanet. Ayer fue su directora general la que declaró en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña que su jefe pactaba comisiones con las entidades que lo contrataban para hacer los cursos o que un día le ordenó que se inventara facturas para justificar la subvención de una convención de Caype que jamás se realizó.

Margarita O.N., también imputada, comenzó su declaración de 4 horas intentando convencer a la jueza instructora de que su cargo como directora general no le daba más poder que el de ejecutar lo que le ordenaba su jefe. «No decidía nada. No aporté ni una idea. Era él quien lo decidía todo», dijo la trabajadora más veterana de la empresa, que no solo negó ser la mano derecha del principal encausado en la supuesta trama de las subvenciones para la formación, sino que en varias ocasiones le hizo ver que algunas cosas que hacía no eran correctas. «Pero él no me hacía caso, me decía que así funcionaba el sector, que todo el mundo actuaba así, que era normal que se les diesen comisiones a los responsables de las entidades que lo contrataban porque si no, se irían con otra empresa», añadió.

Siempre que surgía un problema en la empresa de cualquier tipo, fuese con facturas o pagos, «Crespo siempre lo solucionaba. Llegué a pensar que tenía suerte, que tenía muchos contactos que lo ayudaban. Al final, siempre le salían bien las cosas, por lo que en aquellos años no pensaba que se estuvieran cometiendo hechos ilícitos».

Pero algo pasó en septiembre del 2011 que le hizo cambiar la opinión sobre la forma de actuar de Crespo. «Me dijo que Eliseo Calviño, presidente de la Confederación de Autónomos (Caype), le había pedido un favor para que le elaboráramos una serie de facturas falsas. Calviño había recibido una subvención de 27.000 euros para organizar la convención anual de autónomos en Madrid. Pero que no tenía pensado hacerla, por lo que había que justificar el dinero que le habían dado. Yo me negué en redondo. Le hice ver a Crespo que era una ilegalidad y él me contestó que la situación en la empresa era mala y había que conservar a los autónomos como clientes, que si no le hacíamos eso, se iría con otros», explicó. Acabó reconociendo que se vio tan forzada que terminó participando en aquello.

También relató que, tanto ella como otros trabajadores de Azetanet acompañaron a Crespo a numerosas reuniones con entidades sin ánimo de lucro. «En aquellos encuentros, se pactaba lo que se llevaba cada uno de las subvenciones que recibían de la administración para realizar los cursos. Azetanet recibía el total, ejecutaba los cursos, y una parte, entre el 20 y el 30 por ciento, iba a parar a manos de los responsables de esas entidades», declaró. ¿Cómo se les hacía llegar ese dinero? «En unos sobres que el propio Crespo, supongo, les hacía llegar», respondió.

Pero si en aquellas reuniones se hablaba con claridad de las comisiones, con los políticos jamás escuchó nada extraño. «Eran reuniones formales», dijo. Preguntada por Pachi Lucas -considerado por la policía como el conseguidor de Crespo, dijo que Crespo daba orden de pagarle 3.000 euros mensuales. «Era una prioridad, por encima de las nóminas de la empresa».

Perdió definitivamente la confianza en Crespo cuando este pidió a las empleadas que formasen parte de una de sus fundaciones (Fundefo). Un amigo le hizo saber que de haber cualquier ilegalidad, como patrona tendría que responder con su patrimonio, y le dijo a su jefe que abandonaba la fundación. Ahí se rompió la relación y semanas más tarde, abandonó la empresa.

Ayer también declaró el presidente de la Federación de Autónomos (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello. Negó haber recibido dinero alguno de la supuesta trama. Y que desconocía cómo se organizaban los cursos. Dijo que su trabajo era de asesor y que al final se separó de Caype, cuya vinculación era solo formal, porque no le hacían caso.

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