La Xunta intentó notificar la resolución en las sedes que las entidades expedientadas, pero le fue imposible, por lo que lo tuvo que publicar en el DOG
06 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La Consellería de Traballo e Benestar, según publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG), una vez que había abierto expediente a dos de las entidades de Gerardo Crespo, principal imputado en la operación Zeta, le reclama la devolución de 37.000 euros por tres subvenciones que le otorgaron en el 2013.
La Xunta intentó notificar la resolución en las sedes que las entidades expedientadas, la Asociación de Empleados Discapacitados (AED) y Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo) tienen en A Coruña. Pero fue imposible, por lo que lo tuvo que publicar en el DOG y da un plazo de 15 días al responsable de la asociación para presentar las correspondientes alegaciones, «si lo considera oportuno».
La orden de la consellería llega después de que este departamento detectara una serie de irregularidades en la manera de gestionar subvenciones que le fueron otorgadas durante el período en el que Crespo no es que estuviera ya investigado, sino además que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ya había ordenado el registro en sus empresas y entidades, que fue en junio del 2012.
A Fundefo le reclama 15.007 euros, mientras que a AED dos ayudas, una por un importe de 11.059 euros y otra por 11.920.
«No lo voy a devolver»
Ya cuando hace tres meses supo Gerardo Crespo de la orden de devolución de ayudas, dijo entonces que los actuales responsables de la Xunta «se cargaron no solo mi empresa, sino el prestigio de todos los funcionarios y responsables de los gobiernos gallegos de los últimos 20 años por poner en duda todas las ayudas concedidas. Solo les importan sus intereses personales». Respecto a los expedientes que le abrió la Xunta al detectar irregularidades en las ayudas que le concedieron en 2013 para programas de empleo, el imputado avisaba «Ni lo voy a devolver, ni voy a recurrir».
Crespo se quita toda culpa y responsabiliza a la Consellería de Traballo de «haberse cargado una empresa como la suya de 150 empleados y que todos los meses abonaba en sueldos 180.000 euros». El empresario coruñés Gerardo Crespo dice ser un defensor de la «doctrina Orozco», esa que sostiene que un imputado no es un condenado y se debe defender su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.