La jueza de la operación Zeta llama a los imputados

la voz

Tres meses y medio después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña decretase el levantamiento del secreto de sumario de la operación Zeta contra el fraude en las subvenciones públicas, los imputados comenzarán a pasar de nuevo por el despacho de la jueza para prestar declaración. O acogerse a su derecho a no hacerlo, como hicieron la mayoría de ellos hasta el momento. El primero en pasar será Gerardo Crespo, el principal imputado en esta supuesta trama de subvenciones de cursos de formación. Lo hará mañana lunes a primera hora.

El empresario coruñés, cercado por 25 tomos con cientos de declaraciones, grabaciones y papeles que lo sitúan al frente de una supuesta conspiración entre él, responsables de entidades profesionales y cargos públicos para enriquecerse con subvenciones, no se reconoce ni en el primer párrafo del sumario. No se le saca ni un «tal vez me equivoqué ahí» o «puede que no debiera haber hecho tal cosa». Ya no es que se muestre inmaculado, es que culpa a la policía, como a los políticos, de todo lo que le pasa. Y le ha pasado de todo en estos dos años y medio de instrucción de la causa. Fue sancionado por la Administración, presentó un concurso de acreedores y cerró algunas de sus empresas.

Pero el grupo de investigación de delitos económicos de la Policía Nacional dice tener todas las pruebas de que allá donde había una subvención, allí estaban ellos, «la organización», que es como bautizó uno de los implicados a este grupo de empresarios, cargos públicos y responsables de entidades (autónomos, sindicatos, patronal) que un día, supuestamente, barruntaron la posibilidad de, supuestamente, lucrarse de las ayudas concedidas para la inserción de parados y de minusválidos.

 

 

Dos años y medio

 

Es lo que piensa la policía y también la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, que han empleado miles de horas en estos últimos dos años y medio para tratar de desmantelar un «chiringuito de subvenciones» que hasta ahora tiene como imputadas a siete personas por ser las supuestas autoras de la comisión de delitos de fraude de subvenciones o estafa, y de malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales.

Que se sepa, por el momento, estos responsables de entidades sin ánimo de lucro, de fundaciones y de empresas de formación llegaron a recibir un total de 20 millones de euros en dinero público.

La treta utilizada era así de primitiva: una entidad sin ánimo de lucro, la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación, por ejemplo, solicita a la Xunta una subvención para la celebración de un curso de inserción laboral de minusválidos. La Administración le concede una cantidad de dinero en forma de subvención. Pues bien, el responsable de la entidad coge el dinero y se lo entrega a una empresa de formación para que sea esta la que organice los cursos subvencionados. Hasta aquí, todo bien. Pero a partir de ese momento la legalidad, como la moralidad, enmudecen, al menos supuestamente. Porque lo primero que hace esa empresa de formación es devolverle por debajo de la mesa a la entidad adjudicataria de las ayudas entre un 20 y un 30 % del total como pago por haberla contratado a ella y no a otra. ¿Qué pasa con el dinero restante? Pues una pequeña parte o nada se destina al curso, y el resto al bolsillo. Todos ganan. Menos los originales beneficiarios.

 

 

Tres altos cargos

 

Además del empresario Gerardo Crespo, hay otras 30 personas que se encuentra imputadas en este caso. Entre los implicados figuran los tres altos cargos de la Consellería de Traballo destituidos: Odilo Martiñá, que era director xeral de Formación; Luis Alberto Álvarez Freijido, que fue delegado de la consellería en A Coruña y ahora trabaja para la Diputación coruñesa, y Joaquín Vila, que era jefe de servicio en la Xunta.

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