Tras un registro de película en la Diputación de Lugo y doce imputados que estuvieron 9 años en tela de juicio, el caso se queda en prácticamente nada
31 ene 2015 . Actualizado a las 18:56 h.La primera de las macrooperaciones judiciales contra una institución en Lugo se puso en marcha en la mañana del 19 de mayo del 2006. Ahora son periódicas y casi están de moda, pero por entonces fue un bombazo mediático que recorrió toda España al ver al fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre, entrando en la Diputación y llevándose cajas de documentos de la institución presidida entonces por el todopoderoso Francisco Cacharro, el hombre que realmente mandaba en la provincia y donde su partido, el PP, arrasaba en las elecciones.
Los gallegos vieron atónitos la detención de una docena de personas, en medio de un gran despliegue policial, por haber creado supuestamente una trama para repartirse la redacción de los proyectos de obras de la Diputación, llevándose la mayor parte de los encargos la empresa Senén Prieto Ingeniería SL, de la que formaba parte un ingeniero vías de la institución provincial. Los socios de esa empresa, sus mujeres, otros técnicos y los propietarios de una firma de señales de carreteras fueron detenidos a primera hora de aquella mañana de mayo en sus casas. Algunos estaban en pijama cuando la policía llamó a la puerta. Fueron llevados a registrar sus empresas y sus viviendas, estuvieron detenidos varias horas, durmieron en los calabozos y declararon en el juzgado.
Daño irreparable
Aunque fueron quedando libres uno tras otro tras pagar las correspondientes fianzas, la imagen de sus arrestos recorrió toda España, causando un daño irreparable que se multiplicó al eternizarse el caso. La operación Muralla entró en fase de instrucción, pero a los pocos meses el fiscal Izaguirre dejó el caso. Fue nombrado jefe de la Fiscalía de Álava y abandonó Lugo. Medio año después, en diciembre del 2006, la jueza a la que le tocó la instrucción dio carpetazo a una parte de los imputados y se quedó con media docena. El caso siguió adelante y Cacharro fue citado solo como testigo.
Con la excusa de esta operación, en el 2007 el PP tendió un puente de plata a Cacharro para que dejase la presidencia del partido en Lugo. Pero en las siguientes elecciones el PP perdió la Diputación, y en las generales de ese año mismo el barón lucense dejó de ser senador y aforado.
Tras el paso de varios fiscales y con el asunto olvidado en el juzgado, el fiscal Javier Rey Ozores le metió el diente en el 2013 e imputó a Cacharro, cuando ya el asunto estaba a punto de prescribir. Además, redujo aun más el número de imputados, quedando finalmente solo Cacharro y dos técnicos: José Manuel Romay, jefe del departamento de vías y obras de la Diputación -supuestamente colapsado de trabajo-, y Enrique Cacicedo, el ingeniero que recibía los encargos externalizados y que subcontrataba con la empresa Senén Prieto, de la que formaban parte ambos técnicos y sus esposas.
En el 2013, tras siete años de parálisis, otro fiscal jefe recién llegado a Lugo, Juan José Begué, se ocupó del caso. Acusó a Cacharro y a los dos técnicos, contra el criterio de la jueza, y consiguió que la Audiencia le diese la razón, llevando el caso a juicio oral, que se iba a celebrar la próxima semana, tras una primera intentona a finales del 2014, fallida por enfermedad de Cacharro.
Quedaba otra sorpresa. Tras la repentina muerte, el pasado noviembre en su casa de A Coruña, del fiscal que iba a sentar a Cacharro en el banquillo, se hizo cargo del caso el teniente fiscal de Lugo. Este consideró que las irregularidades no son tan graves y llegó a un acuerdo con los tres imputados. A Cacharro lo exculpó de toda acusación, lo que ratificó la Audiencia el lunes pasado. Y los técnicos Romay y Cacicedo aceptaron 3.650 euros de multa y un año de inhabilitación.
En definitiva, tras miles de documentos incautados y casi 9 años de investigación «lenta, dubitativa e errática», en palabras del propio fiscal, la docena de imputados acaba con dos funcionarios multados, y Cacharro, limpio de delito, definió el caso como «un proceso político de principio a fin». La explicación más clara del caso la aporta la abogada de Cacharro, Lucía Vázquez: «Quizá hay un desconocimiento importante del ámbito administrativo, porque todos los contratos eran menores de 12.000 euros y se podían adjudicar directamente a una persona. Y a pesar de que el señor Cacharro siempre lo hizo por procedimiento negociado invitando a tres empresas, como dijimos en varios recursos, quisieron seguir con el caso para llevarlo a juicio. Y, lógicamente, cuando el actual fiscal, de larga experiencia, se encontró sin argumentos, no tuvo más remedio que negociar para no dejar en mal lugar a la Fiscalía». Acaban así nueve años de trabajo judicial. Mucha piedra para tan poca Muralla.