En contra: los rectores, los estudiantes, la oposición y hasta el Consejo de Estado


La reforma anunciada por Wert, de la que ya se conocían las líneas maestras, ha molestado a la comunidad educativa, aunque no siempre por el fondo de la cuestión sino por el momento elegido para presentarla.

 

Precipitada

Consejo de Estado. En el informe preliminar reclamaba al ministro que se no precipitase.

Universidades catalanas. Los rectores catalanes, excepto el de la Pompeu i Fabra, ven «inoportuno», «prematuro» y «precipitado» el cambio. Aluden a que no se ha valorado el sistema actual, que en muchos casos ni siquiera se ha completado. Con todo, están a favor del fondo de la cuestión.

CRUE. El órgano colegiado de los rectores (la conferencia de rectores) entiende que «no se dan las condiciones necesarias ni la oportunidad», y pide una moratoria de dos años para elaborar criterios homogéneos. La entidad se reunirá el lunes para debatir qué medidas tomar.

PSdG-PSOE. El PSdeG lamentó que la reforma sea de «poco recorrido», y que se haga «atropelladamente y sin diálogo», según el parlamentario José Luis Méndez Romeu.

Clasista

Sindicato de Estudiantes. El colectivo llama a la huelga porque asegura que el decreto «suprime el derecho a estudiar de la mayoría», según aseguró Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, que añadió que «el título de grado se va a devaluar hasta convertirlo en papel mojado».

AGE. La viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Yolanda Díaz, advirtió que esta reforma condena a los «hijos de los trabajadores» a no poder acceder a la universidad, y avisó de que supondrá la «privatización» de la educación superior, porque la mayoría de los másteres son privados.

BNG. El BNG presentará una proposición no de ley en el Congreso para que no se lleve a cabo la reforma, que Rosana Pérez cree que «vai empiorar a calidade educativa do sistema público universitario» y encarecerá «enormemente a formación, posto que o custe dun máster é prohibitivo».

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