El fiscal sostuvo que hubo un acuerdo previo para que la niña se desplazase a Lugo para vivir con quien iba a ser su marido. En este sentido, la madre de la muchacha tiene, al parecer, abiertas diligencias en un juzgado andaluz. Para el ministerio público resulta irrelevante si al final hubo o no boda y a qué destinaron los 2.500 euros los vendedores. En su momento algunos familiares supuestamente manifestaron que el dinero fue gastado en una celebración previa al matrimonio. La madre, que fue llamada a declarar, manifestó que finalmente no hubo boda «porque pasaron poco tiempo de novios y yo quería un año».
El acusado, durante sus declaraciones insistió en que su país era normal celebrar bodas entre menores y mantener relaciones sexuales pero el fiscal destaca que llevaba más de diez años en España, que fue donde pasó parte de su adolescencia. Dice la juez que, aún estando en el seno de una familia extranjera, «tuvo ocasión de socializarse dentro del sistema escolar español». Además, recuerda que una boda entre menores celebrada en su país no hace mucho, fue anulada tras la intervención de la Comisión Europea y la justicia prohibió a los contrayentes vivir juntos hasta que alcanzasen la mayoría de edad.