El PSdeG impuso nueve sanciones por discrepar y ninguna a imputados

carlos punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA

Carlos Príncipe, cuando le prohibieron la entrada a una asamblea del PSOE de Vigo en julio del 2012. óscar vázquez

También elude acciones contra Carmela Silva por incumplir los estatutos del partido. Príncipe exige a Ferraz que le den su expediente para defenderse

09 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

La disensión y la crítica interna aparenta conllevar más riesgos para mantener la militancia en el PSOE que ser imputado judicialmente o ser implicado en un supuesto caso de corrupción. Desde que fue elegida la actual dirección de los socialistas gallegos en septiembre del 2013, hasta cuatro agrupaciones locales del PSOE en la comunidad han activado nueve expedientes disciplinarios en total contra otros tantos militantes y cargos del partido, todos ellos por discrepar de las directrices de la organización en sus respectivas localidades o por enfrentamientos con los dirigentes del partido en el mismo ámbito territorial.

Frente a la disposición para juzgar internamente esa discrepancia, ningún proceso disciplinario o acción cautelar ha sido iniciado por los socialistas gallegos contra afiliados y cargos públicos que se han visto inmersos en investigaciones judiciales. Los alcaldes de Ourense y Lugo, Agustín Fernández y Xosé López Orozco, así como parte de sus equipos actuales y precedentes, o el propio secretario general del PSOE provincial coruñés, Julio Sacristán, o los alcaldes de Caldas, O Barco y Camariñas, o la regidora de Viveiro, entre otros, y numerosos concejales del mismo partido en Galicia no han sufrido cuestionamiento interno alguno desde el punto de vista disciplinario tras ser calificados judicialmente.

El secretario general de los socialistas gallegos, Xosé Ramón Gómez Besteiro, aplica el criterio de que ningún militante de su partido perderá por cuestiones judiciales su carné del PSOE hasta que sea llamado a juicio oral o se le apliquen medias cautelares, como le ocurrió al anterior alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, cuando fue detenido y conducido a los calabozos policiales, o al alcalde de Pedrafita, que aparcó su militancia al ser sentado en el banquillo por el caso de las multas, del que sería después desimputado.

El caso Carmela Silva

Además de las imputaciones judiciales tampoco conlleva la pérdida de la militancia en el PSOE el incumplir mandatos expresos de las asambleas y los estatutos del partido, como es el caso de la viguesa Carmela Silva, que sigue compaginando su cargo de diputada en el Congreso con el de concejala de Urbanismo en Vigo y teniente de alcalde, algo expresamente prohibido en las normas del PSdeG desde el 2011. El expediente disciplinario abierto contra Silva por la anterior dirección socialista en junio del 2012 por dicha dualidad institucional quedó en suspenso unos días después al enfermar la política viguesa. La actual ejecutiva ha eludido después hacer cumplir a Silva la norma de incompatibilidades, que ahora baraja también aplicar Pedro Sánchez.

La expulsión de Príncipe es hasta ahora el caso disciplinario que ha llegado más lejos de los expedientes abiertos en el PSdeG. Pero otros aguardan la misma resolución a petición de las agrupaciones locales.

El más sonoro de todos ellos es el que sigue afectando a los cinco concejales críticos de Ourense, que tras negarse a seguir la disciplina del partido en un pleno e impedir a un funcionario municipal dar clases en la universidad, hicieron visible un desencuentro con el alcalde que les ha costado su suspensión de militancia. Los cinco han pedido que les sea devuelto el carné después de que la Justicia le diese la razón al funcionario y por tanto a sus tesis. Por ahora no han recibido tal absolución.

Las discrepancias con la dirección local también tienen sometida a la exportavoz socialista en el Ayuntamiento de Ferrol, Natividad González, a la espera de su probable expulsión del PSOE como reclama el instructor de su expediente por indisciplina, al no defender, entre otras acusaciones, la posición de la dirección local del partido en el Concello. Por apoyar una moción de censura contra el alcalde del BNG de Vimianzo, dos ediles socialistas han visto cortada también su militancia. Es más, fueron expulsados una vez, y tras ampararlos la Justicia en respuesta a sus recursos, fueron suspendidos con un nuevo expediente por el mismo motivo, aún sin resolver.

Príncipe reclama

Carlos Príncipe reiteró ayer su intención de agotar también la vía judicial para impedir su expulsión del PSOE. De entrada remitió un burofax a la dirección federal socialista para que le remitan una copia del expediente entero de su causa para poder defenderse. El exalcalde vigués esgrime artículos del procedimiento administrativo para exigir dicha documentación y poder contestar la sanción en su recurso. Príncipe reclama que mientras no le sea facilitada toda la documentación se paralice todo el proceso.