Un testigo clave de la Pokémon dice que un alcalde y concejales sacaron coches sin pagar y que las elecciones sindicales se arreglaron con dinero y prostitutas
28 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La grúa de Lugo tiene un capítulo estrella dentro de la Pokémon. Y tiene todos los ingredientes para una buena película: presuntos sobornos, prostitución, contabilidades oscuras... Ese cúmulo de historias comenzaron a escribirse en la fase de adjudicación del servicio a la empresa Cechalva, cuyos socios se encuentran imputados. Supuestamente dieron mordidas para conseguir la concesión y uno de los posibles destinatarios pudo haber sido el alcalde López Orozco, según las sospechas de Aduanas. El regidor lo niega tajantemente.
Los últimos datos conocidos como consecuencia de un nuevo levantamiento del secreto del sumario confirman que había una doble contabilidad en la empresa y que cualquier factura era válida para justificar los supuestos chanchullos. Así, por ejemplo, dice Aduanas que uno de los socios cargó 14.123 euros a la empresa en concepto de trabajos realizados dentro de la nave del polígono de O Ceao cuando realmente lo que hizo fue una obra en la localidad asturiana de Cudillero. Esta maniobra fue para evitar el pago del IVA. Quien la emitió fue un hombre que está dado de alta en Hacienda como albañil.
Pero además de la contabilidad a la vaiche boa, en la empresa hay más asuntos que ocupan a la jueza de Lara. Dos personajes son los protagonistas principales: el exconcejal Fernández Liñares y Javier Reguera. Este era el encargado de la ORA en la anterior concesión que arrebató Vendex y lo sigue siendo actualmente. En el sumario aparece que incorporó a la contabilidad de la empresa una factura de 3.000 euros por compras que hizo para uno de sus pisos.
La anterior empresa de la zona azul también se ocupaba de la grúa. De hecho, la nueva concesión subrogó a varios trabajadores. Uno de ellos le contó a De Lara como en la anterior adjudicataria urdieron un plan para poner un delegado sindical y, como no tenía muchos adeptos en la plantilla, lo que hicieron fue dar dinero a algunos operarios para que lo votasen y a dos supuestamente les pagaron prostitutas. Según contó, el exconcejal Francisco Fernández Liñares advirtió que si el delegado en cuestión no salía, habría despidos y sugirió a este empleado, a través de su padre, que si no quería votarlo que se pusiese enfermo y no fuera a la votación.
Este mismo trabajador le contó a De Lara «que cualquier cosa que se saliera de lo normal» pasaba por Javier Reguera. Le recordó que en alguna ocasión salió del depósito municipal por orden directa de esta persona algún coche sin pagar, «por alteración del cauce normal». «Este vehículo apártalo un poco. Va a venir a buscarlo tal... y no le cobres nada», le dijo en alguna ocasión Reguera al empleado.
De Lara pidió al testigo nombres, pero dijo no acordarse. «¿Y cargos?», planteó la jueza. «Algún concejal del Ayuntamiento de Lugo. Me suena también el exalcalde de Portomarín, pero no sé si es verdad», respondió su interlocutor.
El testigo, dijo que recibía llamadas para que hiciese la vista gorda y dejase salir los coches retirados sin pagar y le decían que ya se encargarían de los papeles. Este hombre, hijo del que fue responsable de la empresa que tuvo la anterior concesión de la grúa, le contó a De Lara como mucho antes de que ella empezase a darle vueltas a la Pokémon ya se comentaba que había conchabeo. «A mi padre -recordó- le amargaban la vida. Llegó un momento en que no lo recibían. Cualquier cosa que tuviera que tratar con el alcalde (Orozco) este se negaba a tratar con él. Tenía que ir Reguera».
«¿Orozco pidió a su padre que se fuese de la empresa porque estaba contratando trabajadores que eran afiliados del Partido Popular?», preguntó la jueza al testigo. «Me suena algo, pero no sabría decirle», respondió.