De Lara extiende a 24 cargos del PP las pesquisas sobre financiación ilegal

P. Seoane OURENSE / LA VOZ

GALICIA

El juzgado busca facturas falsas emitidas a nombre de concejales y cargos populares de Ourense para burlar la legislación electoral y de financiación de partidos políticos

16 dic 2014 . Actualizado a las 13:01 h.

Que el PP se financió de forma ilegal en Ourense lo confirmarían tanto el expresidente provincial, José Luis Baltar, como el exgerente en Ourense, Emilio Pascual, que abandonó el puesto en el año 2010 tan pronto como José Manuel Baltar sucedió a su padre. Un auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, aporta, sin embargo, diferentes puntos de vista. El PP, dice la resolución judicial con referencia a las declaraciones de Pascual Vázquez, «recibía diversas cantidades de dinero procedentes de empresas, confirmando en esto la versión ofrecida en su momento por (José Luis) Baltar, quien también destacó que, con incumplimiento palmario de la Ley orgánica de financiación de partidos políticos, el PP de Ourense recibía donaciones, las cuales, en lugar de ser ingresadas en las cuentas bancarias destinadas al efecto, se percibían en efectivo, en mano, desentendiéndose del sistema de pago y de su contabilidad».

En ese punto, como la jueza indica en un auto dictado ayer, el exgerente «corrige tales declaraciones al afirmar tajantemente que era el propio José Luis Baltar, por entonces presidente provincial del PP en Ourense, el encargado de recoger personalmente el dinero que diversas empresas abonaban, teóricamente, en concepto de donativo al partido».

Emilio Pascual, subraya la jueza, «no se limita a realizar tales aseveraciones, sino que da detalles muy concretos de tales pagos, (...) precisando, por ejemplo, que los mismos se efectuaban en el despacho del entonces presidente de la Diputación de Ourense, en cuya caja fuerte se albergaba ulteriormente el dinero, estableciendo así un sistema imposible de controlar por procedimiento legal alguno». No descartaba el testigo, recoge el auto, «que parte del dinero fuera a parar al bolsillo de Baltar».

Siempre con referencia a las declaraciones del exgerente del PP de Ourense, que ocupó el puesto durante 27 años y lo abandonó en el 2010 al llegar a la presidencia el hijo de José Luis Baltar, «con el dinero que recaudaba Baltar, generalmente billetes de cien y quinientos euros, se pagaban facturas en efectivo a las empresas Planos y Telemiño, quienes a su vez facturaban a otras empresas gastos ocasionados por el PP, aportando diversa documental que adveraría tales hechos». Concede Pilar de Lara autenticidad a la documentación entregada por el exgerente, al coincidir con la que ha obtenido Vigilancia Aduanera y la que han facilitado las firmas de comunicación y publicidad.

Indica la jueza en su auto que «consta en las intervenciones telefónicas y la documental incautada en los registros que la empresa Vendex habría entregado diversas cantidades de dinero a representantes políticos e institucionales de diversas provincias gallegas en mayo del 2011: uno de los perceptores de tales sumas de dinero podría haber sido el señor Baltar».

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que el pasado mes de noviembre reclamó documentación a la televisión local y a la agencia de publicidad sobre las que centra su investigación, advierte ahora que las afirmaciones realizadas por el exgerente del PP «se han visto refrendadas por la documental aportada por las empresas Telemiño y Planos; documental todavía incompleta, pues falta facturación por aportar».

Pilar de Lara da un nuevo paso y si en su primer escrito pedía las facturas que hubieran emitidas a nombre de José Manuel Baltar y Miguel Santalices, ahora amplía la nómina con veintidós más. Sospecha que con ocasión de gastos electorales y para no sobrepasar los límites legales se facturaba a nombre de personas que ostentan cargos dentro del PP. Estima De Lara que se debe analizar la forma de pago y conceptos, por cuanto «a través de este de este procedimiento se podría estar burlando la legislación electoral y de financiación de partidos políticos, además de implicar un presunto delito de falsedad documental, ya que, según afirmó el testigo, la referida facturación era abonada no por los candidatos, sino por el propio partido, generalmente en efectivo, y no se reflejaba en la contabilidad oficial del dinero, porque el dinero procedía de donaciones ilícitamente recibidas y por tanto no contabilizadas».

Pide detalle de facturas a nombre de los 14 concejales del PP en la anterior corporación local de Ourense, una de O Carballiño y otra de Verín; el senador Miguel Pérez de Juan; el subdelegado del Gobierno, Roberto Castro; el secretario xeral de emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y la directora xeral de familia, Amparo González. Añade al diputado Guillermo Collarte, y el concejal y secretario provincial del PP, Rosendo Fernández, con relación a la agencia de publicidad Nacher, pues «las informaciones recibidas señalan que en el año 2011 emitió facturas presumiblemente por gastos de publicidad en la campaña electoral».

En total, ve indicios de apropiación indebida, cohecho, tráfico de influencias y falsedad.