Según el portavoz del Foro Galego da Inmigración, los inmigrantes irregulares incluidos en el programa de protección social del Sergas no tienen problemas de atención
15 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El Foro Galego da Inmigración sigue muy de cerca el programa de protección social del Sergas y mantuvo una reunión con los responsables de la consellería a los dos años de entrada en vigor del mismo. Su portavoz, Miguel Fernández, distingue claramente dos situaciones: cómo está funcionando el programa en sí, y los problema de burocracia para acceder al mismo. Sobre el programa que creó la sanidad gallega, asegura que los inmigrantes irregulares que están incluidos no tienen problemas de atención. Acuden con un documento que se renueva anualmente y cuentan con una historia clínica como el resto de la población gallega. Además, asegura que el Sergas no desactivó las tarjetas sanitarias de los extranjeros que la tenían -por llevar más de seis meses en la comunidad- cuando el 1 de septiembre del 2012 perdieron su derecho a la misma en base al real decreto.
¿Cuál es el problema entonces? «Fundamentalmente dificultades burocráticas para aquellas personas que quieren acceder. Se les pide documentación que no sería necesaria, o se les envía al Instituto Nacional de la Seguridad Social para comprobar si podrían tener otra vía de aseguramiento», explica Fernández. Ocurre, por ejemplo, con aquellos países con los que hay convenio en materia sanitaria, como Brasil y Chile, pero que se incumple -como es el caso brasileño-, por lo que los inmigrantes se encuentran con problemas para acceder a la sanidad. «Creemos que debería haber más información y difusión, el Sergas mantiene el programa con baja intensidad».
Al portavoz del Foro Galego da Inmigración le preocupa mucho la situación de los menores, que no tienen por qué entrar en este programa, ya que tienen derecho a toda la asistencia, pero la realidad es que algunos no tienen tarjeta sanitaria, «por ejemplo aquellos que vienen como estudiantes y deberían tener un seguro, pero sus padres no abonan». También recuerda Fernández que cuando se trata de menores se exige un informe social, por lo que en casos de prostitución las madres son reacias «porque tienen miedo a que les quiten a los niños». Otra situación que denuncian desde el foro es que el programa es para inmigrantes irregulares, pero hay regulares que al no tener derecho de atención en su país de origen no pueden exportarlo a España, por lo que se quedan sin esta cobertura, algo que ocurre con Rumanía, por lo que «hay gente que está en situación regular, en exclusión social, y peor que los irregulares», sostiene Miguel.
Urgencias
El foro también reclama que cuando una persona sin tarjeta sanitaria acude a urgencias y se le insta a firmar el compromiso de pago, se le informe también de que tiene derecho a este programa si lleva seis meses en la comunidad. En resumen, lo que pide el colectivo es que se facilite el acceso al mismo y se minimice la documentación y la burocracia porque «el problema es quien no conoce el programa y no llega a él», concluye.