El juzgado anula el proceso de creación de la plaza por ilegal, por desviación de poder y porque el aspirante no pasó ninguna prueba para lograrla
12 dic 2014 . Actualizado a las 08:53 h.El ayuntamiento lucense de Ribeira de Piquín fue condenado por el juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo por crear ilegalmente una plaza de funcionario para el hijo del secretario municipal. El joven estuvo contratado como conductor de camiones de este pequeño municipio de 600 habitantes ubicado entre Meira y las primeras montañas asturianas. En el 2012, el alcalde Sabino Fernández (PP), creó una plaza de administrativo para cubrir por promoción interna. Y el hijo del secretario municipal, que seguía de conductor aunque ya con plaza en propiedad, pasó a ocupar ese puesto de funcionario de la administración general por promoción interna.
Fue una vecina quien presentó demanda judicial alegando que era un atropello pasar un conductor a funcionario de la administración general por promoción interna por tratarse de dos categorías diferentes.
La sentencia es un varapalo en toda regla al Ayuntamiento de Ribeira de Piquín y deja abiertas las puertas a un posible proceso penal contra el alcalde, los concejales y los funcionarios participantes, especialmente el secretario y padre del candidato, que ya se jubiló.
El magistrado reprende en primer lugar al ayuntamiento por haber creado una plaza de promoción interna cuando no había ningún funcionario que pudiera acceder a ella. En segundo lugar, advierte la irregularidad de que se permita a un chófer acceder a la rama de funcionarios de la administración general, para lo cual no solo no pasó ninguna prueba, sino que ni siquiera acreditó tener la formación necesaria. Precisamente la denunciante alegó que esa plaza pudiese haber sido para ella u otros candidatos que tenían la titulación. Pero además el juez recuerda que el alcalde vulneró varios principios legales por crear una plaza en el año 2012, cuando había sido prohibido por el gobierno debido a las medidas contra del déficit.
Además, el juez da crédito a la acusación particular, que denunció que el motivo último de la ilegalidad era «cubrir los servicios administrativos ante la pronta jubilación del único funcionario administrativo-jefe de negociado», que hacía de secretario municipal y era el padre del chófer.
La sentencia dice que «estamos ante un supuesto de desviación de poder pues la plaza creada [...] recuerda un proceso selectivo endogámico, en el que se ha buscado a propósito acomodar el proceso de selección a una determinada persona. El concello fue condenado a pagar las costas y anular la plaza y sus consecuencias, aunque puede recurrir al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.