La conselleira de Traballo implantará auditorías de carácter obligatorio y la huella digital para evitar que pueda haber de nuevo seminarios ficticios
03 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Beatriz Mato, la conselleira de Traballo, se ajustó ayer de manera escrupulosa al título que se le puso a su comparecencia en el Parlamento concebida para rendir cuentas del fraude detectado en los cursos para desempleados y discapacitados que financia la Xunta. «Informar dos mecanismos de control das axudas destinadas á formación», rezaba la orden del día , y eso fue lo que hizo Mato, relatar las nuevas medidas que implantará para controlar mejor un gasto de 63 millones de euros y pasar de puntillas sobre la operación Zeta y los aspectos comprometidos para el PP que salen en el sumario judicial. Desde la oposición la acusaron de limitarse a leer el Diario Oficial de Galicia (DOG), y acabaron reclamando, todos los grupos a una, su dimisión.
La responsable de Traballo aprovechó su comparecencia parlamentaria, que se prolongó durante algo más de dos horas, para insistir en lo dicho varias veces por el Gobierno gallego sobre este caso. Que fue la Xunta la que realizó una investigación interna y destapó las irregularidades, que fue la propia Consellería de Traballo la encargada de denunciar ante la Fiscalía el presunto fraude cometido por cinco entidades y que, en todo caso, el bipartito del PSOE y el BNG le concedió más fondos a las empresas de Gerardo Crespo investigadas en la operación Zeta que la Administración del PP.
Manual de control
Y reiterados estos argumentos, Mato prescindió del retrovisor para mirar al futuro y desgranar el paquete de medidas que impulsará Traballo para mejorar los controles de las acciones formativas. Anunció en primera lugar, no sin causar un sonoro alboroto en la bancada izquierda, que la Consellería «está ultimando», dijo, un manual sobre el control de las subvenciones a través de una plataforma informática para hacer un «control presencial exhaustivo» de los cursos.
Para empezar, se implantará la huella digital para los alumnos, que la tendrán que registrar cada día para poder acceder al centro formativo. Esto permitirá hacer un seguimiento electrónico de cada seminario y evitar que pueda haber cursos ficticios.
En segundo lugar, serán prohibidas las subcontratas de empresas de las acciones docentes con el fin de evitar posibles casos de fraude, aunque sí se podrán subcontratar el 30 % de las cursos con terceros, pero siempre y cuando sean autónomos o particulares.
Auditorías obligatorias
Y en tercer lugar, a todas las entidades beneficiarias de los cursos se les reclamará una auditoría de cuentas para justificar el programa y el gasto. «Isto son máis garantías para a cidadanía -insistió Beatriz Mato-, que é o que demanda e non programas de Sálvame de Luxe», como los que dijo que intenta hacer la oposición al preguntar, por ejemplo, quién pernocta en la residencia presidencial de Monte Pío.
«Realidade idílica»
Todos los grupos opositores cargaron al unísono contra la conselleira por entender que adulteró el fin mismo de la comparecencia, que era rendir cuentas por un caso de corrupción en los cursos de la Xunta. No solo la acusaron de «mentir» o de intentar mostrar «unha realidade idílica», sino que AGE, BNG y Grupo Mixto reclamaron su dimisión a la primera de cambio.
La socialista Marisol Soneira demoró más su exigencia, pues la dejó para su segundo turno de intervención: «Síntoo no persoal, pero non che queda máis remedio que dimitir», le espetó, tras poner de relieve que las alusiones que se hacen a la conselleira de Traballo en el sumario comprometen su posición, así como la del presidente de la Xunta y de varios cargos del PP. «Os cursos non son un delito, pero as conclusións que saca a policía sobre o financiamento ilegal do PP, si o é», esgrimió Soneira.
El PP, a través de Miguel Tellado, revalidó su confianza en la conselleira. «Conta co apoio total do PP», le dijo, antes de acusar a la oposición de buscar solo «carnaza» para «embarrar» el campo de la política.