Rojo castiga a un diputado de AGE a una semana sin escaño ni salario

Domingos Sampedro
domingos sampedro SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Juan Fajardo reacciona pidiendo el cese de la presidenta del Parlamento

28 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Miguel Santalices, el vicepresidente del Parlamento gallego, le advirtió el martes de que era objeto de un estrecho «seguimento», y Pilar Rojo acabó expulsándolo el miércoles. El diputado Juan Manuel Fajardo, cabeza de lista de la coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE) por la provincia de Pontevedra, se convirtió en el protagonista de la última polémica desatada en la Cámara autonómica al serle impuesta una sanción sin precedentes por interrumpir un debate plenario. Perderá sus derechos de diputado durante una semana, no podrá firmar iniciativas políticas ni tampoco acudir a las comisiones o al próximo pleno, a la vez que perderá la parte proporcional de su salario. La presidenta del Parlamento confirmó ayer el castigo, ante lo cual el grupo AGE se rebeló pidiendo el cese de Rojo por «arbitraria».

La polémica estalló el miércoles a última hora de la tarde, a pocos minutos de concluir la sesión plenaria. Fajardo llegó a ese momento acumulando ya dos llamadas al orden -la tercera significa la expulsión-, y con la tarea pendiente de tener que interpelar a la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, sobre las gestiones llevadas a cabo por la Xunta para mediar en el conflicto laboral de la empresa Lantero, con sede en Vilagarcía.

Las explicaciones de Mato fueron interrumpidas varias veces por comentarios del diputado de AGE, lo que puso a Pilar Rojo en guardia: «Señor Fajardo, porque é a última pregunta, que senón botábao do pleno», advirtió la presidenta. Pero poco después continuó el intercambio de palabras con la conselleira, ante lo que Rojo optó por aplicar la sanción disciplinaria, llamándolo al orden por tercera vez y emplazándolo a abandonar el hemiciclo en virtud del artículo 108 del reglamento, cuando solo quedaban 22 segundos para que se levantara la sesión.

El precedente de Beiras

El artículo 108 es uno de los más severos para castigar el comportamiento de los diputados, de ahí que casi nunca fuera aplicado. Solo hay un precedente, el de Xosé Manuel Beiras, ahora también diputado de AGE, que en 1993 fue suspendido durante un mes de sus derechos de diputado -en su caso no incluía el sueldo, pues Beiras tenía dedicación exclusiva a la cátedra de Económicas-, aunque en su caso pidió amparo al Tribunal Constitucional y le dio la razón anulando la sanción años más tarde.

Esta es una acción que AGE no descarta ejercer contra Pilar Rojo. Con todo, ayer le dieron la opción de rectificar la sanción con el recurso enviado a la Mesa del Parlamento. «A sanción é absolutamente arbitraria e inxusta», manifestó Yolanda Díaz, viceportavoz de AGE, en una comparecencia ante los periodistas en los pasillos de la Cámara, en la que estuvo acompañada de Fajardo.

«Incapaz» de presidir

Agregó Díaz que el fondo del recurso está dirigido a que Rojo reconsidere su decisión -comunicada ayer formalmente al grupo AGE, a los presidentes de las comisiones y a los servicios económicos del Parlamento-, pero sobre todo a reclamarle al PP «que debe cesar a Pilar Rojo como presidenta» por entender que es «incapaz de levar o pleno con neutralidade».

Por su parte, el diputado amonestado acogió la sanción con resignación, dejando claro, eso sí, que se trataba de una decisión «inaceptable e absolutamente premeditada», pues recordó que ya Santalices llegó a pedirle «que me controlase mesmo antes de empezar a falar». En todo caso, relató se que se siente «satisfeito» de que su expulsión del pleno de la Cámara se produjera por «defender os dereitos laborais» de los trabajadores de Lantero, y bromeó con que no tendrá problemas para vivir una semana sin salario y sin inmunidad.

Cualquier persona que en el recinto parlamentario promueva desorden grave, con su conducta de obra o palabra, será inmediatamente expulsada. De tratarse de un diputado, el presidente lo suspenderá en el acto de sus derechos parlamentarios por el plazo de hasta un mes, sin perjuicio de que la Cámara, a propuesta de la Mesa o de acuerdo con el artículo 103, pueda ampliar o agravar la sanción.