La Fiscalía requiere a la Xunta un informe por el cambio en la autovía de la Costa da Morte

El PP mantiene la disposición para modificar el contrato del vial en la ley de acompañamiento de los Presupostos del 2015


Santiago / La Voz

La denuncia interpuesta por el BNG ante la Fiscalía por un presunto caso de «prevaricación» en la modificación de la concesión de la autovía de la Costa da Morte ha empezado a surtir efectos. El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, informó a la Xunta de la apertura de diligencias de investigación penal, al tiempo que reclamó a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que le remita un informe «sobre as autenticidades e obxectividade» de los extremos denunciados por el Bloque para poder evaluarlos.

Medio Ambiente ya tenía dispuesta la documentación para remitirla de oficio al Ministerio Fiscal cuando le llegó la notificación, según fuentes de la Xunta, documentación que ahora se ajustará más a los extremos requeridos por el fiscal.

De lo que se trata es de determinar si, como dice el BNG, la concesión de la autovía se ajusta a los compromisos adquiridos y si lo que iba a ser la construcción de 60 kilómetros de autovía por 540 millones de euros acabará en una licitación de 27 kilómetros por 617 millones.

42 kilómetros, no 60

El Gobierno gallego se ha apresurado a contestar este último extremo, afirmando que nunca se planificaron 60 kilómetros, sino solo 42. Abundó en que el bipartito sacó el proyecto a licitación por 900 millones, adjudicándose finalmente en 540 millones «en baixa temeraria», lo que no permitía que cuadraran las previsiones contables. Eso es lo que ha llevado a la Xunta a considerar la denuncia de los nacionalistas «de pouco rigor».

De la autovía de la Costa da Morte se habló también ayer en el Parlamento, al aprobar la comisión de economía el dictamen de la ley de acompañamiento de los Presupostos de la Xunta para el 2015, en la que se mantiene una disposición para modificar el contrato de la autovía.

El PP considera que ninguno de los tres informes jurídicos encargados cuestiona la legalidad de esta disposición, si bien desde el PSdeG González Santín entiende que dicho punto si que «vulnera a Constitución».

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