Una red de «chiringuitos para cazar subvenciones» que dio sus frutos

Las entidades pedían ayudas para formación y supuestamente cobraban de Gerardo Crespo hicieran o no los cursos

la voz

Son cerca de 17.000 los folios que componen el sumario de la Zeta. Dos años y medio de investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía con un contenido, en ocasiones, sonrojante. Al descubierto quedan las miserias de una presunta trama perfectamente organizada para quedarse con fondos públicos dedicados a formación.

¿Cómo se organizaba?

Según la Policía, como un sistema de «chiringuitos para cazar subvenciones». El plan era eficaz: una serie de entidades (asociaciones de autónomos, de hosteleros, sindicales...) pedían ayudas públicas para cursos de formación. Una vez con ella concedida, se ponían en contacto con Gerardo Crespo quien, presuntamente, a veces organizaba los cursos y otras no, pero cobraba igual, dándole un porcentaje de entre el 20 y el 40 % -presuntamente- a quienes le encargaban los trabajos.

¿Por qué fallaron los controles?

Porque para engrasar la máquina supuestamente Crespo se encargaban de tener de mano a altos cargos de la Administración, como Odilo Martiñá -número 4 de Benestar que dimitió en septiembre, días antes de destaparse la operación-, Álvarez Freijido -exdelegado de Benestar- y otros responsables de Consumo. Con su presunta connivencia habría conseguido una mayor laxitud en los controles. Teóricamente a cambio de pagos en negro a determinadas personas.

¿A cuánto asciende el presunto fraude?

Las cifras que maneja la Policía son de vértigo. Se habla de hasta 20 millones de euros. Solo la Fundación de Discapacitados de Crespo (Fundefo) recibió 6 millones en ocho años. Además, el empresario expandió el modelo de negocio a nivel nacional recaudando dinero en varias comunidades.

¿Cómo justificaba los ingresos?

Teóricamente la clave estaba en constituir asociaciones. Para llenarlas de asociados habría aportado datos de una a otra y hasta comprado listados y alquilado locales. De esa forma, con esos nombres conseguía justificar los cursos impartidos. Son miles las personas que figuraban inscritas. Entre sus clientes habituales figuraba Eliseo Calviño, presidente de la Confederación de Empresarios y Profesionales de España (Caype).

¿Cómo se destapó el caso?

En el 2012 la Xunta empezó a sospechar -al tiempo que ya estaban los juzgados investigando- y se produjeron varias inspecciones. Empleados de Calviño y de la Xunta decidieron hablar, como lo harían también entre ellos -las grabaciones forman parte del sumario- los de Crespo. La actuación judicial se precipitó y la nómina de imputados no ha dejado de crecer y de salpicar a cargos públicos y empresarios.

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