Imputan por cohecho en la operación Zeta al ex director xeral de Traballo

La jueza también acusa al presidente de los hosteleros y a 22 personas más


A Coruña / La Voz

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha ampliado el número de imputaciones en la operación Zeta a un total de 31 personas, entre los que figuran los tres altos cargos de la Consellería de Traballo que ya habían sido destituidos: Odilo Martiñá, que era director xeral de Formación, Luis Alberto Álvarez Freijido, que fue delegado de la consellería en A Coruña y ahora trabaja para la Diputación coruñesa en comisión de servicios, y Joaquín Vila, que era jefe de servicio en la Xunta. A los tres les imputa un supuesto delito de cohecho y los cita a declarar el 9 de abril del próximo año, a partir de las nueve y media de la mañana, para esclarecer su vinculación con la trama de la operación Zeta.

En la providencia dictada ayer por la jueza María Jesús García García se incluye también la imputación al actual presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (Cehosga), Héctor Cañete, al que atribuye la comisión de los delitos de fraude de subvenciones, estafa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Tendrá que acudir a declarar el 25 de febrero.

La jueza instructora también quiere oír la versión como imputadas de dos funcionarias adscritas a la Oficina de Consumo de la Xunta por un presunto delito de tráfico de influencias que también se le atribuye al empresario José Carlos Fernández Abreu.

En la relación de imputados citados a declarar el 26 de febrero figura además la mujer de Gerardo Crespo, María del Carmen Canel Crespo, a la que la jueza instructora vincula con la comisión de los delitos de fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental, junto a Milagros Vázquez Reino, Yoanna Castro García, Abdeslam Joaquim Amezian, Sergio Diéguez, Natalia Abeal Figueroa, Patricia Dopazo Guntín, Sonia Gómez Eira, Pío Santos Movilla, Alicia Cordeiro Padín, María Dolores Pérez Martínez, Paloma Sobrino Butragueño, Rosa María Triay López y Patricia García González, que tendrán que acudir a declarar los días 17 y 18 de marzo, y el 17 de abril.

Aunque la jueza instructora prosigue con algunas diligencias para esclarecer detalles de la trama que supuestamente gestionó de forma irregular ayudas a la formación del Gobierno central, el autonómico y algunas administraciones locales por importe de al menos veinte millones de euros, el paseíllo judicial no dará comienzo hasta el 2 de febrero. Ese día está previsto que acuda a declarar Gerardo Crespo, responsable y fundador de varias de las empresas a las que se les atribuyen las irregularidades. Y dos días después lo hará Eliseo Calviño. Para el 6 de febrero están citadas a declarar como testigos Isabel Prieto y Cristina Souto, las dos extrabajadoras de Caype cuya denuncia motivó el inicio de las investigaciones policiales y de la propia Consellería de Traballo.

A continuación será el turno para el resto de los protagonistas principales de la trama, según las pesquisas policiales: el 11 de febrero lo harán Mercedes García y Susana Pérez Otero; el 12 será el turno para Javier Pérez Bello, presidente de la Confederación de Autónomos de Galicia, y Margarita Ordóñez Novo; y el 16 de febrero cerrará el primer turno de interrogatorios Luis Fraga.

Además, la instructora de la operación Zeta ordenó a los miembros de la UDEF incorporar a las diligencias como imputados en un delito de tráfico de influencias a María José Cortés Jiménez, Manuel Jardón Moure y Antonio María de la Cruz de la Rosa, pendientes de ser citados a declarar por la jueza.

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