El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, en una entrevista en V Televisión, asume que la posición de la Fiscalía es en ocasiones controvertida ante la opinión pública
19 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz, aseguró ayer en una entrevista en el informativo de V Televisión que Galicia es de las pocas comunidades que no tiene fiscales anticorrupción, a pesar de que se están investigando importantes causas judiciales y los delitos de este tipo aumentaron un 21 %. «La lucha contra este tipo de delitos es muy importante en Galicia, pero no hay fiscales anticorrupción», dijo el también fiscal delegado de Medio Ambiente.
Para enfrentarse a estos delitos complejos, Álvaro García Ortiz cree que hay que modificar las leyes. «Tenemos un derecho procesal del siglo XIX que no sirve para enfrentarse a la delincuencia compleja. Debemos organizarnos mejor para atajarla», dijo.
El presidente de los fiscales progresistas de España admitió que no le gustaban muchas de las reformas auspiciadas por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Pero también reconoció que con su sucesor, Rafael Catalá, existe al menos diálogo sobre los asuntos que preocupan a los fiscales.
Controvertidos
El que fuera fiscal del caso Prestige asume que la posición de la Fiscalía es en ocasiones controvertida ante la opinión pública. «Nos posicionamos, y a veces lo hacemos en asuntos polémicos. Eso lleva a que en los conflictos siempre tengamos a al menos un 50 % en contra». Pero alabó la profesionalidad de sus compañeros y defendió la autonomía con la que trabajan, pese a que el cuerpo de fiscales es jerárquico y con unidad de acción. Considera que la ciudadanía desconoce por lo general el trabajo de los 2.500 fiscales que hay ahora mismo en España.
«No hay una Fiscalía de Cataluña y otra del Estado. Fiscalía solo hay una», dijo sobre el conflicto abierto entre el fiscal general del Estado y los fiscales catalanes sobre la querella contra Artur Mas por la consulta del 9-N. Respecto a este asunto, el presidente de la UPF destacó que es la primera vez que existe un conflicto de estas características en la Fiscalía, «pero está previsto que se produzca y para ello tenemos un procedimiento establecido». Esta hoja de ruta prevé la convocatoria de la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo. Tras oír a sus compañeros, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, tomará una decisión. «Y ahí los fiscales catalanes ya no pueden hacer nada», aclara.
En el fondo subyace un debate sobre el tipo penal a aplicar. La Fiscalía Superior de Cataluña considera que en el 2005 se despenalizó el delito de convocar consultas como la del 9-N. De todas formas, para García Ortiz «es sano» que surjan este tipo de debates, que definió como «conflictos jurídicos de carácter interno».