Los colegios condenan estas prácticas y aseguran que son casos puntuales

La Voz

Los colegios de farmacia han mostrado su rechazo a este tipo de prácticas, pero lo han hecho con bastante prudencia, ya que ayer desconocían aún cuál era el motivo del cierre temporal de las boticas y el alcance del supuesto delito. De hecho, la presidenta del colegio de Lugo, Ana Prieto, explicaba estar a la expectativa de las actuaciones judiciales y administrativas «aunque tenemos claro que las farmacias trabajan por y para los pacientes».

El presidente del colegio en A Coruña, Héctor Castro, también se mostraba cauto al no tener ninguna comunicación oficial del motivo del cierre. Sí aseguró que se trata de «casos puntuales y excepcionales» y de hecho recordó que solo en su provincia hay 550 boticas. El colegio tiene su propio código deontológico, así que en caso de que se confirme este tráfico ilícito «valoraremos el llevar a cabo acciones». Castro asegura que no pueden desviarse medicamentos al extranjero sin que se tenga constancia de ello y recuerda que tanto la Agencia Española del Medicamento -ayer mismo-, como los colegios, han comunicado a los colegiados la necesidad de extremar las precauciones.

El responsable coruñés apunta que es necesario que este tema se resuelva cuanto antes y recuerda que «a nosotros nos preocupa la atención al paciente». En este caso, al tratarse de una farmacia ubicada en una ciudad, no habrá problemas para la dispensación de fármacos entre los usuarios. La presidenta del colegio de Pontevedra, Alba Soutelo, es más contundente al condenar la distribución ilegal de medicamentos y asegurar que estas prácticas, además de ser contrarias al marco legal, vulneran las normas de deontología profesional, ya que perjudican a la profesión farmacéutica, al Sistema Nacional de Salud y a los pacientes. De hecho, recuerda que en ocasiones han sido los titulares de farmacia los que avisaron al colegio al recibir peticiones o ofrecimientos irregulares.

Estricta regulación

El presidente del colegio de Ourense, Vicente Álvarez, recuerda que el modelo de farmacia español, con una estricta regulación, permite detectar e investigar rápidamente cualquier irregularidad, como ocurrió en este caso, y se pone a disposición de las autoridades judiciales y policiales para destapar estas situaciones que en todo caso califica como totalmente excepcionales.

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