El grupo de delincuencia económica de la policía, según hace constar en el sumario de la operación Zeta, destaca la ingeniería financiera que el principal imputado en la trama, Gerardo Crespo, estaba obligado a hacer «para justificar lo injustificable». Es decir, que, supuestamente, «inventaba» gastos e «inflaba» facturas para que le cuadrasen sus cuentas y así poder pagar la comisión a las entidades adjudicatarias de subvenciones que lo contrataban a él para la realización de los cursos, según aparece en el sumario. Eso, por un lado, porque a veces era él el beneficiario directo con su fundación para la empleabilidad, Fundefo, facturando a empresas de su entorno o de su esposa, como se aprecia en el tomo XV, en el que se pueden ver facturas de limpieza o alquiler de material pagado por Fundefo a Mavilga o a Gecreri, empresas propias o de su mujer. De hecho, Gecreri era quien cobraba a Fundefo por hacer el control de calidad de los proyectos de Fundefo.
Mavilga, empresa a nombre de la esposa de Crespo, le pasaba abultadas facturas a Fundefo. Con el fin de justificar la subvención, esta fundación sin ánimo de lucro contrataba a Mavilga, como a otras empresas de su grupo, hasta el alquiler de las sillas para los cursos, según la policía. En esas facturas (tomo XVI del sumario) aparece que se pagaban hasta 3.000 euros por alquilar un ordenador 20 días. O sillas. O la compra de hasta 120 cartuchos de tóner de impresora en un mes, por lo que la empresa de Crespo facturaba miles de euros.