Afectará a la forma en que la administración autonómica hace las cosas cuando sus responsables viajan fuera, sus prioridades en el extranjero y su estrategia para atraer inversiones
01 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La acción exterior de la Xunta, la forma en que hace las cosas cuando sus responsables viajan fuera, sus prioridades en el extranjero, su estrategia para atraer inversiones, va a cambiar. El Gobierno autónomo se la replanteará forzado, fundamentalmente, por la entrada en vigor de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, aprobada este año por la Administración Rajoy, y también por el nuevo escenario financiero y presupuestario en la Unión Europea.
Encabezado por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el Consello de Acción Exterior se reunió ayer a puerta cerrada en Santiago, un encuentro tras el cual el Ejecutivo Feijoo anunció en nota de prensa que reformulará su acción exterior. Posteriormente, el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, explicó que el sentido final de esas modificaciones dependerá de una negociación que el Gobierno gallego y el español acaban de abrir en una comisión bilateral para discutir ahí varios aspectos de la nueva ley antes citada. Si no hay acuerdo, la cosa acabará con el Tribunal Constitucional ejerciendo de árbitro, aunque Gamallo prefiere destacar «el espíritu de diálogo» entre las partes.
Entre otras cuestiones, la norma de Rajoy, aplicada al caso de esta comunidad, obliga a Feijoo y a sus conselleiros a informar al Ministerio de Asuntos Exteriores de cualquier viaje que emprendan a países foráneos no pertenecientes a la UE. Asimismo, establece que las aperturas de oficinas de promoción en el extranjero deberán pasar con antelación el filtro del departamento de García-Margallo y que las firmas de acuerdos internacionales quedarán también sujetas a la emisión de opinión, «con carácter previo», tanto del referido ministerio como del de Hacienda.
La Xunta, antes de definir su nueva acción exterior, pretende que en la comisión bilateral con el Estado se acoten varios temas. Por ejemplo, quiere que quede fuera del concepto de oficina de promoción exterior aquellas meramente comerciales, que se aclare si la Moncloa puede o no vetar viajes o solo orientarlos, que se especifique con cuánta antelación habrá que informar de la suscripción de posibles pactos en otros países y que el silencio en la respuesta signifique luz verde.