Dos exempleadas de Caype fueron quienes desataron la operación Zeta

Acudieron voluntariamente a la policía en el 2011 para denunciar la trama

a. c.
A Coruña / La Voz

Cuando mejor le iban las cosas a los implicados en la trama de las subvenciones y, por consiguiente, peor le iba a la Administración, dos mujeres se presentaron el 18 de octubre del 2011 en la Consellería de Traballo para denunciar todo lo que habían visto y vivido como trabajadoras en la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), presidida por el ahora imputado Eliseo Calviño. Entonces advertían de que «un porcentaje elevado de las subvenciones estaba siendo destinado a sufragar los gastos propios de la organización», así como otras muchas graves irregularidades. Tras contarlo todo, escribieron: «Manifestamos estas irregularidades para que tomen las medidas que consideren oportunas».

Dos meses después, concretamente el 14 de diciembre, las mismas personas se presentaron en comisaría para desvelar lo mismo que habían denunciado en la consellería. Como que Caype no tenía asociado alguno, carecía de representatividad -a pesar de comprar listados «por Internet»- y que se habían quedado una subvención para contratar nueve meses a dos desempleadas que fueron despedidas a las pocas semanas. Fueron escuchadas y, seis días más tarde, la unidad de delitos económicos de la policía remitió esas declaraciones al juzgado de guardia al ver indicios de delito. Solicitaron a la jueza la apertura de diligencias secretas, así como la intervención del teléfono de Eliseo Calviño.

Si la policía investigaba por un lado, la consellería lo hacía por el suyo. Según explicó la titular de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ya en el 2009 crearon un servicio específico de inspección y auditoría de cursos de formación «porque entendíamos que ahí flojeábamos un poco». Necesitaban inspectores y la conselleira pidió a Hacienda que les facilitasen 10 funcionarios «porque eran muchos cursos que inspeccionar y la gente que teníamos no daba abasto». Esa solicitud de personal la hace la consellería en mayo del 2011 y en septiembre ya los tiene a su disposición. «Inmediatamente, se les encarga que cojan los expedientes y que empiecen a trabajar», recuerda Beatriz Mato. Pero no pudieron ir a inspeccionar los cursos hasta enero, que era cuando se impartían. Fue el momento en el que se descubrieron que «ni había cursos, ni alumnos, ni profesores, ni nada de nada». Todos esos informes que detallaban las irregularidades halladas en la empresa matriz de Gerardo Crespo, Azetanet, fueron enviadas a la Fiscalía el 30 de marzo del 2012.

Escuchas

Por entonces, la policía ya no solo tenía pinchado el teléfono del presidente de los autónomos, Eliseo Calviño, sino el del resto de los principales imputados (el empresario coruñés Gerardo Crespo, tres de sus trabajadoras; el dirigente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello; y el director de la Feria de Autónomos de Galicia, José Luis Fraga Ameneiros).

Las escuchas se prolongaron hasta junio del 2012, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ordenó la entrada y registro en las empresas y entidades investigadas. Y fue también cuando la policía judicial solicita a la Consellería de Traballo toda la documentación de las 21 empresas implicadas.

Quien pone en duda las inspecciones de la Xunta es el principal imputado en el caso, Gerardo Crespo, que anunció ayer que finalmente «y con total seguridad» presentará una querella por injurias contra la conselleira de Traballo. El motivo, las palabras de Beatriz Mato en el Parlamento, cuando dijo que Gerardo Crespo había engañado a todas las Administraciones, tanto a la gallega, como a la estatal y la autonómica. Asimismo, sus abogados pedirán ante el juzgado que se salvaguarden todos los contratos que sus empresas suscribieron con la Diputación, «ante el temor de que puedan desaparecer», apunta Crespo.

El Servizo de Intervención da Deputación da Coruña ya anunció ayer que realizará «unha auditoría interna sobre os contratos e as subvencións desde o ano 2006 coas empresas implicadas na operación Zeta, co obxectivo de informar o pleno da corporación do seu resultado».

El presidente de la Diputación da Coruña, Diego Calvo, explicó que «a transparencia é toda, total, e máis cando todos os grupos políticos están nas mesas da contratación e reciben información puntual e instantánea de todo o que se asina aquí».

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