La Xunta se dota de amparo legal para poder reducir rutas de transporte escolar
GALICIA
Utiliza los presupuestos para meter un cambio en aras de la estabilidad económica y con el que puede modificar trazados
22 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.En aras de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, la Xunta ha introducido una artículo en la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas (que acompaña a los presupuestos del 2015) por el cual puede modificar las rutas de transporte escolar en aras de su racionalización, un cambio normativo, a juicio del Gobierno gallego, para el que concurren motivos de interés público. El cambio legal, de enorme trascendencia dada la dispersión poblacional de la comunidad gallega, se refiere a las condiciones de los trazados e infraestructuras viarias, al número y características de los pasajeros y a la red de centros.
Preguntada al respecto, Educación sostuvo ayer que racionalizar una ruta supone adaptar el servicio a la demanda de ese año, toda vez que puede haber paradas en las que no haya niños que si había en el curso anterior. En este sentido, el departamento que lidera Jesús Vázquez precisa que estos cambios persiguen optimizar los costes de un servicio sin que eso signifique que se vaya a dejar a los niños sin recoger. Y que existen motivos de interés público para que la Administración autonómica se dote de cobertura legal para poder racionalizar los contratos del transporte escolar.
En la comunidad gallega hay ahora suscritos más de 200 contratos para prestar este servicio. Y este año le cuestan a las arcas autonómicas una partida de 122 millones de euros, más dinero, por ejemplo, del que destina la Administración autonómica para cooperar con los ayuntamientos o para contener la lacra de la exclusión social.
El pasado mes de septiembre, durante una intervención en la Cámara gallega, el presidente Feijoo advirtió del sobrecoste que genera la dispersión poblacional en la comunidad. Una realidad que, a su juicio, no está bien ponderada en el actual sistema de financiación autonómica. El máximo mandatario gallego llegó a recordar que en Galicia «hay rutas escolares que cuestan 4.200 euros por alumno».
Este es uno de los argumentos que manejará la conselleira de Facenda en el gran debate que se plantea ahora con Madrid sobre los criterios de reparto de recursos entre comunidades, en el que Galicia reclama que se atiendan variables como el envejecimiento y la dispersión por su elevado impacto en el gasto. El cambio normativo en la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, que otorga a la Xunta mayores poderes para modificar los contratos con las empresas de transporte, amenaza con desatar un debate con las fuerzas de la oposición y con el propio sector que presta el servicio. Empresas que, a buen seguro, interpretarán la modificación legal introducida en el presupuestos como el paso previo a un recorte en el transporte escolar.