Cuando todo estalla, a principios del 2012, las empleadas de Gerardo Crespo empiezan a ponerse muy nerviosas. Entre ellas hablan -hay decenas de conversaciones grabadas en las que muestran su enorme preocupación por lo que les puede llegar a pasar-. Sobre todo de su presencia, como patronos, en Fundefo. Las había puesto su jefe porque él no podía aparecer para poder así seguir optando a subvenciones. Saben que la ley de fundaciones es muy clara y en caso de cualquier problema, son los patronos los que responden con su patrimonio. «Nos van a quitar la casa, el coche, todo lo poco que tenemos...», le dijo una trabajadora a otra, la cual le dio como solución: «Si algún día pasa algo, alega desconocimiento o coacciones por parte de tu jefe».
Enfado
El 4 de junio del 2010, una trabajadora de Azetanet, una de las empresas de esta supuesta trama, llama a una de sus compañeras: «Está jugando con nuestro futuro y con nuestras vidas», refiriéndose a Gerardo Crespo, «porque él no está seguro de que lo del patronato salga bien y encima dice que solo pueden cazarnos por malversación de fondos... Está mal de la cabeza, no nos quiere nada, porque si nos quisiera un poco diría que nos marchásemos, porque nosotros no hemos recibido beneficios de eso. Porque aún si me dijeras que repartía entre nosotros, pues nos fastidiamos por arriesgarnos, pero yo no he cobrado un duro y él sí. Pues que apechugue y que sea un señor».
Bien es cierto que según otras conversaciones grabadas con Crespo, sobre todo con uno de sus abogados, el empresario coruñés mostraba su preocupación por lo que le pudiera pasar a sus empleadas y pedía al letrado que buscase una solución.
Igual que Crespo, los otros tres principales imputados en este caso proclaman su inocencia. Si son o no inocentes lo decidirán los tribunales, que no son los únicos que los persiguen, pues la jueza puso toda la información del entramado financiero en manos de la Agencia Tributaria con el fin de encontrar el dinero defraudado.