Las entidades de las ayudas para cursos se quedaban entre el 20 y el 40 %

El resto de cada subvención era para Gerardo Crespo, según la investigación policial


A Coruña / La Voz

El día en que la Unidad de delincuencia Económica y Fiscal de la Policía empezó a escuchar los pinchazos telefónicos a los implicados por la trama de los cursos de formación y se puso a revisar toda la documentación hallada en las empresas y asociaciones registradas, los agentes no sabían por dónde empezar. Si por el pago de favores políticos, si por los chanchullos para optar a las subvenciones, si por las creaciones de entidades sin ánimo de lucro metiendo como afiliados a personas de otras asociaciones para poder optar a ayudas, si por el reparto de ese dinero entre los receptores de las subvenciones y las empresas que organizaban los cursos, si por el dinero en negro, si por la falsificación de facturas...

Fue tanto lo que se encontraron que organizar todo eso y llevarlo al papel les llevó dos años y medio. Papeles que quedarán para siempre en un sumario de 12.000 folios y del que todavía quedan por entregar a las partes 5.000 más. Ahí se comprueba, según la policía, que las empresas y entidades de los imputados funcionaban como «chiringuitos para cazar subvenciones».

El modus operandi consistía en que una entidad, ya fuera la de los autónomos, el sindicato USO, los hosteleros... solicitaba a la administración autonómica una subvención para organizar un curso para parados o profesionales. En cuanto recibían la ayuda, se la entregaban directamente al empresario coruñés Gerardo Crespo, dueño de varias firmas dedicadas a la formación. Este pactaba con ellos el reparto del dinero. A unos les daba el 30 %, a otros el 20 % del total de la subvención y él se quedaba con el resto. A veces hacía el curso y otros no. Daba igual. Y para justificar ante la Xunta el dinero recibido, elaboraban facturas falsas y hasta se inventaban, muchas veces, tanto los alumnos como profesores. Prueba de ello, sostienen los investigadores, son los diálogos mantenidos entre Crespo y sus empleadas con responsables de la Federación Nacional de Clínicas Privadas, que le exigían mayor rigor. Esa entidad necesitaba acreditar el nombre de cada uno de los alumnos y Azetanet propuso falsear firmas, según aparece en el sumario.

En unos documentos hallados en la empresa de Crespo Azetanet, la policía se encontró con otro ejemplo de cómo se repartían las ayudas. Tal que así: «Acuerdo para la facturación del plan de dinamización de hostelería: se le factura el plan, que van a ser 67.000 euros. De ese importe nos facturan el 80 %. El 20 % restante se divide a la mitad entre nosotros y José Luis, con lo que nosotros al final nos quedamos con el 10 % del importe de las facturas (el resto se da en B)».

Todo esto y mucho más es lo que dice la policía, de ahí que los seis imputados hasta el momento en esta operación Zeta -el nombre viene de la primera academia que creó Crespo en la ciudad- tengan que responder por los supuestos delitos de delito continuado de fraude de subvenciones, estafa, malversación de caudales públicos y otros delitos conexos con los anteriores.

Una de las entidades que más dinero recibió de Crespo en contraprestación por encargarle a él los cursos, supuestamente, es Caype. La policía cifra en 1,2 millones entre 2007 y 2009. Para muestra, una anotación en una libreta en la que se cobró 27.000 euros en ayudas para organizar la convención anual de autónomos y esta jamás se celebró.

Pero la trama iba mucho más allá. Así, según la Unidad de delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, el empresario Gerardo Crespo decidió un día crear nuevas asociaciones sin ánimo de lucro para optar a ayudas. Para su fundación necesitaba, tanto afiliados como sedes. Y como no tenía ni una cosa ni la otra, esto es lo que hacía, según los investigadores: «Falseaba una representatividad que no tenía, utilizando para ello medios fraudulentos con el único fin de obtener subvenciones con las que alimentar la actividad de su grupo empresarial». Así, pedía el listado de afiliados de otras entidades y los colaba en su fundación. O ponía como sedes de esta asociación de minusválidos autónomos las direcciones de otras entidades.

Porque la Asociación de Empresarios Discapacitados (AED), según la policía, «carecía de actividad real, pero sin embargo le constan 16 contratos de arrendamiento en distintas provincias que se confeccionaron con la connivencia clara de los arrendadores para aparentar despliegue a nivel nacional».

En cuanto a las intervenciones telefónicas al presidente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello, los investigadores concluyen que, como asesor jurídico de la Confederación de Empresarios y Profesionales de España (Caype), «habría recibido 44.000 euros por servicios de asesoría jurídica aparentemente inexistente». Añadiendo que Feaga fue beneficiaria de 2,1 millones de subvenciones de la Xunta desde 2007 hasta 2012 para actividades formativas subcontratadas, entre otras, por Azetanet, una de las empresas del grupo de Gerardo Crespo.

Todo iba sobre ruedas hasta que dos empleadas del imputado Eliseo Calviño y la Xunta, tras varias inspecciones, cuentan todo lo que saben, a principios del 2012. A partir de ahí, empiezan a no conseguir subvenciones. Entonces Crespo intentó «influir» en el ex conselleiro de Industria Javier Guerra y en la titular de Traballo, Beatriz Mato, aunque sin éxito. «No se atreven», llega a afirmar en una conversación con otro de los imputados.

Al respecto, el sumario recoge llamadas de Crespo y mensajes enviados por móvil al ex senador del PP José Manuel Romay Beccaría; a responsables de la Consellería de Traballo e Benestar y al alcalde de A Coruña, Carlos Negreira (PP), así como a su secretaria. La investigación policial remarca también «el peso específico en el PP» de Crespo. «O lo solucionas o lo paso a instancias superiores», dice a un funcionario.

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