El presidente de Caype cobraba 4.500 euros netos al mes pese a ser una entidad sin ánimo de lucro


La Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), que no persigue «ningún fin lucrativo» según el artículo 2 de sus estatutos, pagaba a su presidente, Eliseo Calviño, unos 6.800 euros brutos al mes, que tras retenciones y Seguridad Social, quedaban en unos 4.500 euros líquidos. Esto se supo gracias a dos extrabajadoras que, según aparece en el sumario del caso, se presentaron voluntariamente en la comisaría de policía el 14 de diciembre del 2011 para contar todo lo que sabían del supuesto entramado que tenía su exjefe con Gerardo Crespo para cobrar, supuestamente, subvenciones para cursos que nunca se realizaron o se realizaron mal. Entre otras cosas, contaron lo del sueldo. También, que la esposa de Eliseo Calviño cobraba 2.000 euros por impartir un curso de 14 horas mientras que el resto de profesores recibían 200. La cascada de acusaciones continúan con que no les pagó alguna nómina, que utilizaba facturas de sus restaurantes para justificar las subvenciones y que Caype llegó a pagar las vacaciones de Calviño y Crespo con sus respectivas esposas en la isla de Lanzarote.

Vendedor ambulante

Por otra parte, la Asociación de Empresarios Discapacitados de Galicia (AED), fundada y presidida por Gerardo Crespo, tenía como vicepresidente a un vendedor ambulante que nunca fue a una reunión, según recoge el sumario del caso.

En declaraciones ante la policía, este vendedor ambulante aseguró que se le ofreció ser socio y vicepresidente de esta asociación y que, tras firmar «una serie de documentos», nunca se le informó «de nada» y no asistió tampoco a «ninguna reunión».

Asimismo, indicó que, en otra ocasión, los llevaron a firmar a su puesto ambulante nuevos documentos y que, así lo hizo, «fiándose del objetivo de esas asociaciones». También sostuvo que desde Azetanet hablaban de «ampliar» el número de este tipo de entidades.

Otra de las personas que declaró en su día, y que trabajo en Azetanet, explicó que «se priorizaba el beneficio económico y no la ejecución de la formación».

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