Crespo hacía valer su amistad con políticos para pedir ayudas para cursos

Los implicados crearon empresas solo para recibir subvenciones, según la policía

Crespo (en primer término), en una recepción del Gobierno a empresarios en la Moncloa.
Crespo (en primer término), en una recepción del Gobierno a empresarios en la Moncloa.

A Coruña / La Voz

Al equipo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional no le cabe duda alguna de que los principales implicados en la trama de los cursos de formación crearon una serie de empresas con la única finalidad de solicitar ayudas públicas. Lo peor de todo es que se las daban. Así, el que fue presidente de los autónomos gallegos, Eliseo Calviño, contaba con dos empresas, pero el empresario Gerardo Crespo tenía 4 (Azetanet, Grecreri, Artabria Inmuebles y Desarrollos Urbanos) y su esposa un total de 7 (Ediciones Transfontao, Mavilga, Gecam Formación, Crea2 ediciones, Informaziona, Propuestas empresariales y Picnotic). Investigadas esas firmas, la policía sostiene en su informe que los imputados «al mando de las asociaciones y empresas mencionadas pudieran estar cometiendo un presunto delito de fraude de subvenciones, delito que por otra parte requeriría para su comisión de la participación de varios sujetos activos quienes realizarían, uno el papel de solicitante de las subvenciones y otro, el de amoldar facturas para la justificación de las subvenciones solicitadas». De hecho, en el sumario aparece una factura en la que se llegan a pagar 2.500 euros por el alquiler de un ordenador durante un mes.

Asimismo, «es muy probable que debido al montante económico de alguna de las subvenciones otorgadas a Caype, por encima del millón de euros, que la cuantía de 120.000 euros anuales de defraudación exigido por el Código Penal para su tipificación como delito esté más que superada».

Pinchazos telefónicos

De las grabaciones realizadas en los pinchazos telefónicos se desprende, según el informe policial, que los tres principales imputados -el empresario coruñés Gerardo Crespo; el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Francisco Javier Pérez Bello, y su antecesor, Eliseo Calviño- trataban de influir en los cargos políticos para lograr subvenciones para cursos que en la mayoría de los casos no se celebraron nunca. Para justificarlos, llegaban a crear facturas falsas y listas de alumnos inventados, según aparece en el sumario, que va ya por los 12.000 folios.

Concretamente, de Gerardo Crespo opina la policía que es un empresario «que utiliza a personas que trabajan para él para crear empresas mercantiles específicamente con el objeto de coger subvenciones y proyectos de discapacidad, así como para ser utilizada por el resto de empresas de mismo como entidad aparentemente no vinculada a él».

También sostienen los investigadores que Gerardo Crespo hacía valer su militancia en el PP y su proximidad a altos cargos del partido ante los funcionarios para que agilizasen las ayudas. De hecho, hay conversaciones grabadas con el delegado de Benestar en A Coruña, con Romay Beccaría, Barreiro..., en las que intentaba que mediasen, sin éxito, en algún concurso.

Y cuando no le daban subvenciones mostraba su enfado. Así, en una conversación grabada el 27 de febrero del 2012, Gerardo Crespo le mostraba su malestar a la secretaria del alcalde coruñés por no haberle otorgado dos contratos, uno de una biblioteca y otro de consumo. «Son cosas pequeñitas, pero el bipartito me las daba a mí, y vosotros no me dais nada. Me siento un poco abandonado», le dijo Crespo a la secretaria. Ese día le afea también el comportamiento del alcalde hacia él, pues dice que no le coge el teléfono ni le devuelve los correos o mensajes.

Preguntado ayer el alcalde de A Coruña sobre esta trama, Carlos Negreira (PP), se limitó a contestar con el deseo de que «se investigue todo y que la Justicia sea lo más rápida posible».

Contratos ficticios

La gran mayoría de los cursos por los que recibieron subvenciones nunca se llegaron a realizar, a pesar de que en las entidades tenían facturas que lo acreditaban, indica la policía. Pero también los inspectores de la Xunta cuando se pusieron manos a la obra tras explotar el escándalo, hace ahora dos años y medio. Los funcionarios de la Dirección Xeral de Formación detectaron que las entidades investigadas incumplían lo acordado en materia de personal, ya que Fundefo obtuvo la puntación máxima (12 puntos) porque tenía previsto emplear a 12 personas para impartir los talleres, aunque solo hizo cuatro contratos, «e no momento da nosa visita non se atopaba ningunha das persoas contratadas, e as explicacións que nos deron ao respecto foron varias: traballa en Vigo, está de vacacións, está con Adecco, está enferma...».

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