El consenso imposible del urbanismo en Galicia

Los grupos parlamentarios comparten el diagnóstico de los problemas de la ordenación urbanística, pero discrepan sobre las fórmulas para corregirlos en la nueva Lei do Solo


Santiago / La Voz

El urbanismo sigue sin poner de acuerdo a los partidos políticos. Coinciden en el análisis de lo mucho que está por hacer en materia de ordenación del territorio. Comparten incluso que las administraciones tradicionalmente han dejado hacer, que no ha existido una voluntad política firme de aplicar el marco legal. Ni por parte de los anteriores gobiernos, ni tampoco del actual. Pero son incapaces de llegar a un punto de encuentro sobre la ley que necesita Galicia para un desarrollo racional. El PP destaca la apuesta por una norma que agiliza el planeamiento y propugna un modelo territorial compacto y la mejora integral del paisaje. Los grupos de la oposición objetan, por contra, que desaparece el impulso de la vivienda protegida y de la rehabilitación, y que se favorece la especulación. El consenso que todos invocan es una tarea imposible con el ladrillo.

«Ninguén quere facer de malo»

Aunque en el plano técnico puede que no sea lo más relevante, el combate del feísmo es uno de los aspectos en los que es más visible el fracaso de la ley actual (9/2002). El rigor proteccionista de la norma que los sindicatos agrarios reprobaron como «feita por urbanistas desde o land rover» establecía las herramientas legales para poner coto a las edificaciones de ladrillo visto que pueblan el país. Pero las casas inacabadas siguen ahí. Es la metáfora de la desidia de las administraciones en materia urbanística. Por eso la Xunta convierte su determinación a resolver ese problema en bandera de la nueva ley. Aunque la oposición no ve la novedad. La posibilidad de forzar al propietario a rematar las construcciones inacabadas, con sanciones o incluso con una ejecución subsidiaria de las obras por parte del concello, ya existe. Pero no se aplica. La nueva norma prevé aumentar las multas coercitivas. Pero los alcaldes reiteran que no quieren sancionar a sus vecinos. Desde el PSOE, Xosé Sánchez Bugallo advierte que en ese asunto «ninguén quere facer de malo». Todos los grupos señalan que son necesarias subvenciones para las familias que no pueden pagar las reformas. Esas ayudas ya existen, pero el número de beneficiarios es reducido. Bugallo asegura que la Xunta solo ejecutó 280.000 euros de los 21,9 millones que presupuestó para rehabilitación de vivienda en el 2013.

El desarrollo del núcleo rural

La futura norma pretende dar solución a uno de los puntos más cuestionados de la ley actual: ese exceso de proteccionismo que impedía prácticamente la edificación de obra nueva en las aldeas. Para ello, el Gobierno del PP defiende la necesidad de conjugar protección y desarrollo. «A lei aposta por un modelo territorial de carácter compacto, limitando a ampliación do solo urbanizable e fomentando a rehabilitación, e por un medio rural no que se compaxine o seu carácter produtivo e residencial», plantea el diputado popular Román Rodríguez. AGE denuncia la solución elegida. «Permite a reclasificación do solo rústico, en lugar de introducir a rehabilitación e a rexeneración», cuestiona el diputado Antón Sánchez. También el BNG echa en falta un compromiso con la rehabilitación del patrimonio edificado y por el freno a las «desfeitas uniformadoras». El PSOE, que comparte la crítica por lo que considera una renuncia a la promoción de vivienda pública y la rehabilitación, sí apoya la figura del plan básico que elaborará la Xunta para los concellos de menos de 5.000 habitantes, pero considera que debe ser siempre a petición del municipio.

Los socialistas reprochan la recuperación de la parcela mínima edificable de 2.000 metros cuadrados, que estaba en la ley de 1997 y fue eliminada de la del 2002 al constatarse que era un coladero que pobló Galicia de viviendas unifamiliares dispersas. AGE y BNG reclaman medios de participación pública en la planificación urbanística. El PP esgrime que la norma aportará seguridad jurídica y transparencia.

Lo cierto es que, más allá de las discrepancias políticas, la ley solo será buena si al final se aplica.

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