Solo un abogado se ha acogido a la doctrina de la Audiencia lucense que anuló la operación Rei
15 oct 2014 . Actualizado a las 09:37 h.En menos de dos meses, la Audiencia de Lugo echó por tierra dos de las grandes operaciones judiciales llevadas a cabo en la provincia, amparándose en fallos de procedimiento en la instrucción. ¿Y qué va a pasar con la operación Pokémon? Esa es una gran incógnita que, por ahora, no tiene respuesta. Posiblemente sea el Supremo y el Constitucional quienes acaben decidiendo.
El Ministerio Fiscal es radicalmente contrario a las tesis de la Audiencia de Lugo. De hecho, la Fiscalía del Supremo ha recurrido la decisión adoptada con respecto a la anulación de la operación relacionada con la trama de las multas, y todo apunta a que hará lo mismo con la operación Rei. El fiscal, la pasada semana, se opuso a las pretensiones de las defensas que el alto tribunal lucense acabó dando por válidas.
De los abogados con imputados en la Pokémon solo hay constancia de que uno hubiese echado mano de la teoría de la Audiencia lucense que dice que no se puede tolerar que las juezas se apropien de los casos sin enviarlos antes a reparto. Es el caso del primer teniente de alcalde de A Coruña, Julio Antonio Flores Pérez.
El letrado de Flores dice que la Pokémon nace en el seno de la operación Carioca, la que investigaba una trama entre responsables de burdeles y miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad. «Según parece -explica-, de las referidas diligencias se dedujo testimonio de delitos contra la seguridad de los trabajadores y otros que serían debidamente repartidos por turnos, mas no se hizo lo propio con todos los nuevos hallazgos (se refiere a los que dieron lugar a la macrooperación que tiene más de cien imputados)».
Ayer, otros dos letrados con peso en la Pokémon, porque se ocupan de la defensa del alcalde de Lugo y de la del exconcejal Francisco Fernández Liñares, dijeron que no habían elegido la línea marcada por la Audiencia de Lugo porque se centraban en otras cuestiones. El abogado del alcalde anunció que estudiarían en profundidad el contenido del nuevo auto y no descartó apoyar cualquier recurso que estuviese amparado en la doctrina que aplica la Audiencia lucense.
El letrado de Liñares, por su parte, recordó que el Constitucional había dejado para más adelante la decisión de si las declaraciones efectuadas por este imputado eran legales o no.
Pero contra la decisión de la Audiencia hay más voces que la de la Fiscalía. Algunos abogados aseguran que la jueza no llevó a cabo ninguna sustracción, como así dicen los autos, y se amparan en jurisprudencia del Supremo. Recuerdan que existió buena fe procesal en todo momento, y en todo caso se preguntan por qué no fue denunciado antes el defecto procesal. En este caso, la Audiencia evitó la celebración del juicio de la operación Rei, previsto para la semana que viene. La decisión de anular la investigación de las multas fue después de movilizar a decenas de personas para el juicio.